La aprobación en 1994 del Tratado Norteamericano de Libre Comercio (TLCAN), ahora acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), dio una dimensión distinta a la relación bilateral, más allá de vínculos policíacos determinados por el narcotráfico y el surgimiento de los cárteles.

La integración económica y la plena incorporación de México a las cadenas de suministro estadounidenses pusieron al país en una situación estratégica y política distinta a la que había tenido previamente.

Muy lejos, de hecho, respecto a aquel 21 de junio de 1956, cuando un reporte ahora público de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Secretaría de Gobernación, firmado por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, daba cuenta del arresto de un grupo presuntamente revolucionario cubano.

El comando era encabezado "por un sedicente doctor Fidel Alejandro Castro Ruz, exiliado político cubano, quien llegó a nuestro país por una amnistía del gobierno de Cuba después de estar preso por cometer un asalto a un cuartel militar en La Habana el 26 de julio de 1953".

Hoy, quién sabe si eso hubiera podido ocurrir.

El mismo Gutiérrez Barrios era acusado de ser parte de un organismo represor, que durante décadas mantuvo "a raya" a organizaciones consideradas subversivas en México.

Pero ciertamente era el jefe de un servicio de espionaje y contraespionaje que en 1989 pasó a ser el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN) y desde 2018 Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el camino, presenció la conversión de México en una potencia industrial y parte de las cadenas de suministros y de producción de los Estados Unidos, el hegemón mundial, sin que al parecer las autoridades se hubieran dado cuenta de las implicaciones de tal integración, aunque hubieran suscrito acuerdos mayores de colaboración con las agencias de inteligencia y policía estadounidenses.

Pero la visión mexicana pareció reducirse a la lucha antidrogas y una cooperación renuente, sin considerar, al parecer, que, por tamaño de la economía y posición geopolítica, era y es por sí mismo un blanco de actividades de espionaje y amenazas no-estatales, una situación a la que llegó sin que el aparato político del país pareciera preparado para enfrentar el espionaje y desarrollar la vigilancia de potenciales problemas para el Estado mexicano.

Ciertamente, quién sabe si un organismo de inteligencia y contrainteligencia como tal hubiera podido evitar el surgimiento de los ahora poderosos cárteles de la droga, pero quizá tendría una mejor idea del tamaño del problema y, ciertamente, de lo que hacen aquí los órganos de espionaje y seguridad de otros países.

La integración norteamericana obliga a que los Estados Unidos se preocupen de la seguridad mexicana, pero también a que México se preocupe de la seguridad de sus socios.

Y eso implica saber qué hacen, aunque no quieran decir.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS   

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