En Washington se acabó la paciencia. Fueron casi ocho años de mensajes permanentes e incontables señales para que Palacio Nacional pusiera orden en su movimiento político, ante la evidencia creciente de que varios jerarcas de Morena tienen vínculos con el crimen organizado. Ayer, un 29 de abril que marca un punto de inflexión en la relación bilateral contemporánea, la justicia de Estados Unidos anunció cargos contra al menos nueve altos funcionarios y ex funcionarios mexicanos, incluyendo al actual gobernador Rubén Rocha Moya, por colaboración con el Cártel de Sinaloa. Es la acción legal de mayor envergadura que Washington haya emprendido contra la clase política mexicana.

El 26 de abril, Los Angeles Times anticipó lo que vendría: ante la inacción del gobierno de México, Washington pasaría del simple retiro de visas a presentar cargos formales en tribunales estadounidenses.

La impaciencia de Washington se construyó a partir de la sordera de Palacio Nacional en dos temas distintos, pero profundamente entrelazados. De un lado la seguridad, porque si bien respecto al combate contra el narco se percibe una coordinación funcional con el secretario García Harfuch, el asunto pendiente era la colusión de políticos oficialistas con los cárteles. A ojos de Washington, incluso esa coordinación operativa sería inútil mientras exista una quinta columna del narco dentro del propio partido gobernante, algo que funcionarios del Departamento de Estado han señalado explícitamente desde 2023.

El segundo tema es el que verdaderamente articula la relación bilateral: el comercial-financiero, del que dependen unos 15 millones de empleos mexicanos (aproximadamente una cuarta parte de los empleos formales), el 80% de nuestras exportaciones, alrededor del 40% de la inversión extranjera directa, además de 60 mil millones de dólares anuales en remesas; en la práctica, la viabilidad económica del país.

Lejos de atender esas señales, el gobierno mexicano respondió con torpeza: ante la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, Palacio Nacional convirtió el incidente en una cruzada política contra la gobernadora de oposición. Eso agravó aún más la molestia de la Casa Blanca, que se quejó de la falta de gratitud ante la pérdida de vida de personal que estaba ayudando a combatir la delincuencia. Hace seis días, precisamente en Sinaloa, el embajador Ron Johnson resumió el estado de la relación con precisión quirúrgica: “El sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras”. La respuesta de la presidenta fue reírse y desestimar el asunto desde el atril de su conferencia mañanera.

Durante todo el sexenio de López Obrador y lo que va del de Sheinbaum, lo mismo con Joe Biden que con Donald Trump, Estados Unidos ha enviado señales reiteradas en tres sentidos: 1) la relación comercial está siendo dañada tanto por el deterioro de la certidumbre jurídica como por la violencia, que incluye la colusión de funcionarios con la delincuencia; 2) antes que imponer, Washington prefiere cooperar; 3) si se rechaza la cooperación, actuarán solos.

Con Joe Biden, Estados Unidos mantuvo sus reclamos en tono técnico: expresó preocupación por la contrarreforma energética de AMLO, violatoria del T-MEC, y convocó un panel de arbitraje que le dio la razón sobre la importación de maíz transgénico. A finales del sexenio pasado, en 2024, el tono escaló: el entonces embajador Ken Salazar calificó la elección de jueces de “un riesgo para la democracia”, una “amenaza a la relación comercial” y una “puerta para que el narco influya en el sistema legal”. Durante la transición, Brian Nichols, entonces subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, instó a la presidenta electa a ofrecer garantías legales a la inversión extranjera.

Recientemente, tanto la American Chamber of Commerce como el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos han denunciado prácticas abusivas del SAT, que obstaculizan y ahuyentan la inversión. A su vez, Trump ha expresado abiertamente sus dudas sobre los jueces del nuevo sistema judicial mexicano, así como su intención de defender a sus inversionistas estadounidenses. Pese a ello, desde 2018 el lopezobradorismo ha atacado los pilares de este entendimiento: desde la certidumbre jurídica, con medidas como la reforma judicial y los superpoderes de la UIF, hasta la permisividad ante la corrupción. A ello se suman los abusos cotidianos: de acuerdo con Coparmex, la extorsión es el segundo delito que más afecta al empresariado, ha crecido 70% en la última década, y mientras el 60% proviene de criminales, el 40% es atribuible a las propias autoridades.

La aritmética es clara: tanto por genuino interés nacional como por las asimetrías de poder, al gobierno le conviene cuidar la certidumbre jurídica, atraer inversiones y limpiar su casa de narcopolíticos. Tuvo años para hacerlo por voluntad propia. Ahora lo hará -o no- bajo la presión de cargos penales en cortes extranjeras. La reacción de Presidencia a la noticia de ayer será definitoria: si opta por la confrontación, los costos económicos y diplomáticos serán severos; si coopera, deberá asumir que esa quinta columna dentro de Morena es un problema real que ya no puede ignorar. Si Estados Unidos avanza hacia extradiciones, la pregunta dejará de ser política. Se volverá jurídica y entonces, irreversible.

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