A las historias de Segalmex, huachicol fiscal, anomalías en compras de medicamentos y acusaciones que involucran a los gobernadores de Nuevo León y Sinaloa, se suman cientos de casos menos escandalosos de corrupción, pero que erosionan la confianza en los tres poderes tanto del ámbito federal como del estatal.

Me detendré hoy en el Poder Judicial Federal (PJF), donde voceros de la 4T han emitido severas críticas a la corrupción de las altas y medianas esferas de la integración anterior, es decir la de antes de la elección judicial. Y resulta que la corrupción ha irrumpido en la nueva integración del PJF.

Un ejemplo es el caso de un alto funcionario de la Suprema Corte de Justicia, recién ascendido a un importante puesto que dejó vacante un eficiente servidor público. Se le atribuye haber pedido 3 millones de pesos por intervenir para acelerar ciertos trámites en un tribunal colegiado de Veracruz, en un multimillonario caso en litigio. No existe denuncia formal y por ello omito los nombres de los involucrados, pero debo decir que el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, hará bien en estar atento de las andanzas de ese funcionario que en las sesiones públicas de la SCJN suele estar cerca de él.

Otro ejemplo de corrupción en el PJF es la denuncia anónima presentada sobre el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que entró en funciones en septiembre de 2025 y poco más de tres meses después, algunos de sus funcionarios, en particular dos duranguenses, ya estaban siendo acusados de pedir “moches” del 20 por ciento para hacer efectivos los contratos obtenidos en licitaciones públicas, bajo amenaza de cancelaciones si no aceptaban el cohecho.

Aunque fue anónima la denuncia, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, ordenó a fines de diciembre de 2025 la investigación de los hechos señalados. Hasta donde se sabe, la investigación no ha concluido.

Además, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que he denominado zona sombría del PJF, continúan las versiones sobre tráfico de votos y sentencias, aparte de casos concretos de acoso laboral y sexual por parte de magistrados de la Sala Superior, a los que me he referido en columnas anteriores.

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que encabeza Celia Maya García, tiene ahí un vasto campo de trabajo, pues si bien no puede destituir, sí puede imponer sanciones de otro tipo a los magistrados, conforme al Artículo 100 de la Constitución.

Es pertinente apuntar que de los casos aquí expuestos no debe colegirse que tenemos un Poder Judicial totalmente corrupto, pues existen en él juzgadores y funcionarios probos y eficientes. No obstante, se precisa que las instancias disciplinarias funcionen con eficiencia.

Como indicó recientemente Aguilar Ortiz, "hemos llegado a establecer a alguien que vigile al vigilante e incluso, todavía más, ponemos a alguien que revise que el vigilante haga su tarea”, y aun así -agrega el columnista-, la corrupción continúa.

PLUS DIGITAL: DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN

Recientemente la Comisión de Disciplina del TDJ, a cargo del magistrado Rufino H. León Tovar, resolvió en febrero de este año diversos procedimientos de responsabilidad administrativa, entre los cuales destaca uno en el que están implicados dos jefes de la Unidad de Notificadores y 14 auxiliares de actuarios adscritos a la Unidad de Notificadores Común de Tribunales Colegiados de Circuito en la Ciudad de México.

Las pruebas que obran en el expediente respectivo acreditaron que los involucrados no preservaron el profesionalismo que exige la función judicial, por lo cual la mencionada Comisión de Disciplina sancionó a 13 servidores públicos con suspensiones de entre 30 y 90 días de su cargo, así como con la inhabilitación para el servicio público por un término de tres meses a un año. Otros tres servidores públicos fueron destituidos.

De acuerdo con un comunicado de prensa del TDJ, los sancionados ejercían de manera reiterada actos de violencia laboral en contra de sus subalternas y subalternos. Se acreditaron también conductas de carácter misógino y de connotación sexual no consentida, que vulneraron la esfera íntima de las personas afectadas a través de contacto físico indebido.

Siendo plausible la acción disciplinaria de la Comisión respectiva y sin desestimar su importancia, es claro que aquella se ejerció sobre personal de mediano rango. Al TJD le espera un trabajo de mayor relevancia en casos como los citados anteriormente en la Corte y la Sala Superior del TEPJF.

Habrá que ver si en esas altas esferas se materializan las declaraciones de León Tovar, en el sentido de que “en el Poder Judicial de la Federación ya no hay intocables”.

POR EDUARDO R. HUCHIM 

© El Heraldo de México