El 22 de abril de 2026, la Jefa de Gobierno Clara Brugada presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas, razonables y asequibles. El Congreso la recibió al día siguiente y, el 28 de abril, fue turnada a comisiones para su análisis. Más allá de la ruta legislativa, lo que se puso sobre la mesa es algo que la ciudad viene sintiendo desde hace tiempo: la dificultad creciente de sostener un lugar donde vivir sin que eso implique una presión constante sobre la vida cotidiana.

En la CDMX, alrededor de 2 millones de personas viven en vivienda rentada. En los últimos años, las rentas crecieron más de 30% en algunas zonas. Al mismo tiempo, la ciudad ha cambiado su dinámica: cada vez más personas dependen de la renta de forma permanente.

La iniciativa entra justamente ahí, donde durante años no hubo límites. Plantea de manera explícita que “los incrementos de las rentas no podrán ser superiores a la inflación reportada por el Banco de México”. Dicho así, en términos sencillos, significa que el precio de vivir no puede crecer muy por encima de lo que crecen los ingresos. Es un principio básico, pero que hasta ahora no estaba garantizado. A esto se suma otro elemento igual de relevante: “el Gobierno de la Ciudad promoverá la producción de vivienda asequible, adecuada y en arrendamiento, priorizando a los grupos de atención prioritaria”. Es decir, no se trata solo de contener incrementos, sino de asumir que hace falta más oferta accesible, sobre todo para quienes hoy están en una situación más frágil.

La propuesta también reconoce que las relaciones de arrendamiento no siempre se dan en condiciones equilibradas. Por eso establece que “se crearán instancias para la defensa de los derechos y obligaciones en materia de arrendamiento”, con la idea de que haya acompañamiento institucional, mediación y claridad en los conflictos que hoy muchas veces se resuelven de manera desigual.

Hay, además, un concepto que atraviesa toda la iniciativa y que cambia el sentido de la conversación: “se reconoce el derecho al arraigo vecinal y comunitario de las personas”. No es una frase retórica. Es reconocer que quedarse en el lugar donde uno ha construido su vida también es un derecho.

Los datos ayudan a entender la dimensión del problema. Hoy, casi 40% de los hogares de menores ingresos vive en renta, por lo que el encarecimiento sostenido ha generado efectos visibles, como el desplazamiento de familias de sus colonias. De acuerdo con cifras discutidas en el propio Congreso, este fenómeno ha implicado la salida de más de 20 mil familias, no por decisión, sino por falta de alternativas.

La iniciativa se plantea como el primer paso de una ruta más amplia. Primero, elevar estos principios a rango constitucional para que no dependan de coyunturas ni de decisiones administrativas, y después desarrollar una ley secundaria -la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles- que establezca los mecanismos específicos para su aplicación. Es decir, no es una medida aislada, es un cambio de enfoque: pasar de un mercado prácticamente sin regulación a uno con reglas claras y con una responsabilidad pública definida.

No se trata de frenar el desarrollo ni de confrontar a propietarios e inquilinos. Se trata de algo más elemental: reconocer que la vivienda en renta no puede seguir funcionando como un factor de expulsión silenciosa. La ciudad necesita equilibrio para seguir siendo habitable.

Secretario de Gobierno de CDMX

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