La Universidad Pública en Colombia se encuentra en crisis de financiación. Han pasado 32 años desde la expedición de la Ley de Educación y solo hasta este momento podemos reconocer que, en el gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez, se ha logrado inscribir la educación superior como prioridad en el Presupuesto General de la Nación, con una cifra que para este año ya supera los $70 billones, y estimamos que en el proyecto de presupuesto general para el 2025, el monto pueda crecer a los $90 billones, de modo tal que nos permita cubrir con el gran parte de la deuda histórica que el Estado tiene con las instituciones públicas en sus ejes misionales de docencia, investigación y proyección social, y en estos ejes otorgarle especial prioridad al Bien-Estar, para desplegar y potenciar un conjunto de iniciativas que nos ocupa y preocupa en la atención a nuestra comunidad universitaria.

A la fecha tenemos el artículo 118 de la Ley 30 de 1992, este contempla que se “…destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario”. Un presupuesto que debe distribuirse para proyectar y materializar los componentes del bienestar saludable (alimentación, salud, atención psicosocial y psicopedagógica), deporte,........

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