La Ley Estatutaria de Educación tiene como propósito garantizar y desarrollar el derecho humano a la educación como bien común. Esta fue una obligación aplazada durante treinta años y una norma general burlada, puesto que la Ley General de Educación de 1994, en su artículo noveno, así lo ordenaba. Ningún gobierno había querido cumplir la ley en este asunto trascendental, aun cuando amplios sectores de la sociedad lo habían reclamado con insistencia.

El próximo 17 de junio, en plenaria del Senado, la Ley Estatutaria podría ser aprobada. Pasaríamos del momento de la expectativa, a una nueva etapa histórica de la educación pública que señala otro horizonte de sentido. Son muchos los aspectos que cambiarían de significado, de peso y dimensión, si es adoptada esta decisión sin acoger la enmienda propuesta en la Comisión Primera del Senado.

En este orden de ideas, hay tres temas que queremos destacar por ser de nuestro resorte y sobre los que invitamos a un diálogo, abierto y sensato, a las y los honorables senadores, al Ministerio de Educación Nacional y a la sociedad en su conjunto. El primero es el régimen especial para las Escuelas Normales Superiores; el segundo, el Sistema de Formación Docente; y el tercero, la evaluación.

Frente al primero, con el reconocimiento de las Escuelas Normales Superiores (ENS), en su ciclo de formación complementaria, como parte de un Sistema Especial de Formación Docente, el cual haría parte de la Educación Superior, posibilitando que las ENS ofrezcan programas de licenciatura en alianza con las universidades, tenemos algunas observaciones.

El régimen especial para las Escuelas Normales Superiores -ENS- ha sido una aspiración permanente para superar el limbo jurídico en el que se mueven estas instituciones y sus docentes, el carácter de sus programas y las necesidades regionales. Las ENS son fundamentales para la educación de maestras y maestros en las regiones, teniendo una larga trayectoria, tanto por su modelo de formación en valores como por la sustentación........

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