En días pasados el debate sobre la Ley Estatutaria de Educación ubicó de nuevo en el centro de la discusión nacional la urgente necesidad del reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental y bien común, que cubre todo el proceso de escolarización desde la educación inicial hasta la superior. Sin embargo, el proyecto de ley se hundió y junto a él naufragó silenciosamente la reforma tan anhelada a la Ley 30 en sus artículos 86 y 87.

La gravedad del hundimiento de las dos iniciativas legislativas para el caso de la educación superior pública y en especial para la Universidad Pedagógica Nacional radica en los siguientes elementos problematizadores:

El primero, respecto a la Ley Estatutaria de Educación no se logró afianzar el reconocimiento a la educación superior como derecho fundamental y por ende las obligaciones de garantía y protección inmediata por parte del Estado siguen condicionadas a la disponibilidad económica del país y a la asignación presupuestal siempre reducida, la cual se encuentra establecida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

El segundo, se perdió la oportunidad de atender en esta legislatura la deuda histórica con la educación superior pública. Deuda que ha........

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