Los informes de la Contraloría y las investigaciones de la sociedad civil evidenciaron que la intermediación de las EPS, la indolencia de los pasados gobiernos, la cooptación de los órganos de control, la complicidad de los partidos políticos y de sus integrantes en el Congreso y la corrupción enquistada en esas instituciones fueron colapsando durante 30 años el sistema de salud impuesto por la Ley 100 de 1993, para sumirlo en la crisis que este gobierno desenmascaró.

Es irrazonable que, ante estos hechos, se persista en defender ese fracasado modelo. Atentarían flagrantemente contra el derecho a la salud de todos los habitantes del territorio patrio. Por consiguiente, la reforma es un imperativo categórico, ético y moral, a cargo del poder legislativo. ¿Atravesarán otra vez sus conflictos de interés, como ocurrió con........

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