La vivienda y, probablemente, los incendios son las dos grandes preocupaciones de los españoles en estos momentos. En los dos se requiere un Pacto de Estado para abordar problemas estructurales como la falta de suelo o la de prevención para resolverlos, pero los políticos no se ponen de acuerdo.

En vivienda, el Real Decreto que prepara el Gobierno sigue encallado en el Congreso, mientras que cuatro grandes autonomías del PP (Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid) desafían la política oficial con la aligación de los plazos de las licencias de obra y la ampliación de la oferta inmobiliaria.

En líneas generales, los socialistas abogan por contener la demanda, expulsando a los turistas de las grandes ciudades o topando los precios, mientras que los populares defienden todo lo contrario. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Por las diferencias ideológicas en algunos asuntos.

Sin embargo, hay otras muchas cosas en las que coinciden. La Ley del Suelo presentada por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y tumbada en el Parlamento por los votos en contra del PP, propone agilizar los trámites administrativos y la emisión de informes sectoriales necesarios para la aprobación de los proyectos. Básicamente, lo mismo que piden los populares y están aplicando aceleradamente algunos gobiernos autonómicos. También están de acuerdo en otros aspectos esenciales, como evitar que los errores de tramitación menores ó las demandas judiciales paralicen obras o anulen por completo el planeamiento general de una ciudad.

Un acuerdo, aunque fuera en lo mínimo dejando fuera al resto, agilizaría las licencias y la construcción y contribuiría a contener los precios a medio y largo plazo. Pero daría la impresión errónea de que uno cede ante el otro. El resultado es un bloqueo legislativo que impide resolver los problemas de acceso a la vivienda de millones de ciudadanos.

Igual ocurre con los incendios que arrasan nuestro país este verano. Sánchez aprovecha cada comparecencia pública para solicitar "un Pacto de Estado por la emergencia climática", que incluiría medidas que van más allá de la lucha contra los incendios y ya están recogidas en la legislación.

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