Quienes hacemos activismo virtual y ciudadano sabemos- pero pocas veces decimos con claridad, para evitar la calificación de victimismo- que alzar la voz tiene un costo real. No solo es la estigmatización con el que algunos sectores y ciudadanos en su zona de confort miran a quienes cuestionamos y hacemos visible los abusos y corrupción; también es el costo personal, emocional y económico que implica sostener una lucha que no da privilegios, pero sí genera riesgos. En Colombia, quien denuncia y movilizada suele terminar aislado, desacreditado y amenazado en su integridad. Aislado es vulnerable y vulnerable es fácil de desprestigiar. Esa es la ecuación silenciosa que sostiene muchos de los abusos que enfrentamos y que son perpetuados elección tras elección.

Desde hace 5 años lo he vivido en cada frente: en la denuncia sobre peajes injustificados, en la discusión sobre el descaro en el salario de los congresistas, en la visibilización de casos de corrupción y en la defensa de la ciudadanía frente a decisiones que profundizan desigualdades. Lo viví en los ataques virtuales, en los intentos de deslegitimación, en la soledad que acompaña a quienes se atreven a decir lo que muchos piensan pero pocos se arriesgan a expresar.

Y mientras la indignación ciudadana continúa, algunos políticos hablan de corrupción, pero casi ninguno se atreve a señalar el rol del sector privado en esa ecuación que comienza en la financiación y apoyo de las campañas. Se denuncia al funcionario, pero no al contratista. Se cuestiona al político, pero no al conglomerado empresarial que se beneficia del diseño institucional. Se habla de “manzanas podridas”, pero no de los incentivos que permiten que empresas capturen........

© El Diario