Para quienes preguntan si seré candidata y para quienes me descalifican porque les incomoda la posibilidad, les respondo: ya fui candidata. En 2019 aspiré a la Gobernación de Risaralda y obtuve 40.600 votos, justo el año en que el grupo Argos – Odinsa envió al Gobierno Nacional la carta de intención para la nueva concesión IP Centro, con los peajes del Eje Cafetero como fuente de financiación. Tres años después me lancé al Senado y obtuve 6.024 votos. En Risaralda pasé de 40.600 a 1.600, un resultado que afectó mi posicionamiento y continuidad en la política. En ambas campañas prioricé los temas anticorrupción y peajes, enfrentándome a Mario Castaño, Sammy Meregh y Juan Pablo Gallo en el Eje Cafetero. Lo que no sabía entonces era que detrás había un poder mucho más grande: una concesión que se estaba estructurando con miles de millones en juego por 30 años más y donde los peajes de Autopistas del Café son la fuente de financiación.

Hoy entiendo mejor cómo funciona. En Antioquia, el sector económico realiza ejercicios de prospectiva liderados por Cámara de Comercio, Comité intergremial y empresarios donde las comunidades están ausentes. En esos espacios deciden proyectos clave con años o décadas de antelación. Allí se identifican liderazgos jóvenes y políticos que protejen intereses empresariales. En teoría no estaría mal, si no fuera porque el modelo de APP – IP es abusivo: se basa en peajes y tarifas proyectadas con criterios financieros poco transparentes, mientras el lobby y la financiación de campañas en Colombia siguen siendo opacos y sin regulación. Así, políticos y territorios como el Eje Cafetero terminan al servicio de proyectos y negocios planeados por........

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