La democracia paritaria constituye uno de los pilares fundamentales de una gobernanza inclusiva y representativa. Sin embargo, su consolidación no se agota en la dimensión normativa ni en la presencia numérica de mujeres en los espacios de toma de decisión. Hoy, los desafíos se vinculan cada vez más con las condiciones en que esa participación se ejerce. La violencia política, tanto en el ámbito presencial como en el entorno digital, incide directamente en la posibilidad real de ejercer liderazgo. En particular, la expansión de dinámicas de hostigamiento, desinformación y ataques dirigidos a mujeres que participan en la vida política configura un escenario que limita y condiciona su participación. Estas dinámicas no solo afectan a candidatas o autoridades electas, sino también a lideresas sociales, activistas, periodistas y defensoras de derechos que intervienen en el debate público y contribuyen a la construcción de agendas democráticas. La exposición constante a ataques coordinados, campañas de desprestigio y discursos de odio genera costos personales, profesionales y políticos que muchas veces permanecen invisibilizados, pero que inciden de manera directa en las trayectorias de liderazgo de las mujeres. 

En un contexto de acelerada transformación tecnológica, garantizar condiciones de participación plena y segura no es solo una cuestión de igualdad formal, sino una condición esencial para la calidad, legitimidad y resiliencia de las democracias contemporáneas. 

Bolivia ha logrado avances significativos en materia de participación y representación política paritaria consolidadas en la incorporación de la paridad y alternancia en su normativa electoral. Este proceso ha sido resultado de décadas de incidencia política, movilización social y construcción colectiva de agendas de igualdad impulsadas por organizaciones de mujeres, redes feministas, lideresas indígenas, mujeres de los partidos políticos y actores de la sociedad civil que han logrado posicionar la paridad como un principio democrático fundamental. Estos mecanismos han permitido que la presencia de mujeres en listas legislativas alcance niveles cercanos o superiores al 50% cuando el cumplimiento es exigible. No obstante, estos avances aún tienen desafíos que superar. Datos recientes sobre candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales de 2026 evidencian que solo el 18,8% de las postulaciones a alcaldías y el 12% a gobernaciones corresponden a mujeres, lo que revela que la igualdad formal aún no se traduce en paridad sustantiva en todos espacios de poder de decisión.     

 La violencia política digital no solo vulnera derechos individuales; también impacta en la calidad del debate público y en la confianza social en las instituciones. Cuando las mujeres enfrentan un entorno hostil que desincentiva su participación, la democracia pierde pluralidad, se reduce la diversidad de perspectivas y se debilita la capacidad de los sistemas políticos para responder a los desafíos complejos del desarrollo. Además, estas formas de violencia contribuyen a instalar narrativas que buscan desacreditar la presencia de las mujeres en la política, reforzando estereotipos de género y generando un clima de intimidación que afecta no solo a quienes participan actualmente, sino también a las nuevas generaciones de mujeres que consideran involucrarse en la vida pública. En este sentido, la violencia política digital se convierte en un obstáculo estructural para la consolidación de democracias verdaderamente inclusivas. 

Garantizar el derecho de las mujeres a participar en el debate público y en los espacios de toma de decisión es una responsabilidad colectiva. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las plataformas digitales y a la ciudadanía en general a habitar el ecosistema digital de manera responsable y libre de violencias. 

Promover entornos de participación seguros en el ámbito digital implica reconocer que la democracia se fortalece cuando todas las voces pueden expresarse en condiciones de respeto y cuando el disenso se canaliza a través del diálogo y no de la descalificación. En Bolivia, donde la construcción democrática se ha nutrido históricamente de la participación de movimientos sociales, organizaciones de mujeres y liderazgos diversos, proteger estos espacios de deliberación resulta fundamental para consolidar una democracia más inclusiva y plural.

(*) La autora es representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

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