En el Informe Mundial 2024 la Fundación Human Rights Watch, sobre la Amenaza del Sistema de Derecho por las guerras, el fracaso diplomático, los refugiados, los cambios climáticos y la independencia judicial, destaca qué en todas las regiones del mundo, los autócratas se han esmerado en erosionar la independencia de las instituciones clave que son cruciales para proteger los derechos humanos y ejercer el poder sin restricciones.
Se aborda en el informe que las instituciones que respetan los derechos como el poder judicial, defensorías del pueblo y comisiones de derechos humanos, pueden ser una salvaguarda eficaz contra la adopción errática de decisiones, eliminar la extralimitación legislativa y defender el Estado de Derecho.
En relación a Bolivia la organización internacional referida considera que el órgano judicial no es una salvaguarda para garantizar la institucionalidad democrática, a pesar de que los magistrados vienen de un modelo democrático configurado como potestad inicial de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ya específicamente en el tema de la independencia de poderes cualidad importante en el Estado de Derecho, la Fundación Construir dice: “El sistema judicial de Bolivia, ha sido históricamente instrumentalizado, dependiendo del poder político en turno”. El problema sustancial es que el 50% de jueces son transitorios, el 80% de fiscales son interinos y el 66% de detenidos no tienen sentencia ejecutoriada, lo que indica que se hace abuso de la detención preventiva por cuestiones políticas.
En el Informe elaborado el 2023 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) tras una visita en marzo de dicho año, llegó a la conclusión que: “El presidente Arce Catacora no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política”.
La Comisión IDH en la constatación de la fragilidad judicial perfiló que había que impedir la crisis; sin embargo, no le tocó la posibilidad de escrutar como el sistema de gobierno en forma sistemática y selectiva hizo fracasar la reforma parcial de la Constitución de los juristas independientes promovida por los juristas José Antonio Rivera Santivañez, Rubén Darío Cuellar, Kathia Saucedo, Juan del Granado entre otros. Sumado a esa estrategia desde el ministerio de justicia se activa el bloqueo del proceso electoral para magistrados por segunda vez (2023 y 2024), apelando a los -magistrados autoprorrogados-, que conforman el coro de ángeles de su pulpito, con un récord de conciertos de sentencias, autos constitucionales y declaraciones constitucionales de la más alta gama de interés político, en un tiempo de seis meses de nulidad de sus actos (art. 122 de la CPE), que sin equívocos constituyen un tijerazo del TCP al Legislativo, y subsecuentemente a la Constitución.
Para precisar esa situación señalada, Juan José Jáuregui Ururi Diputado titular y presidente de la Comisión de Constitución interpuso el recurso directo de nulidad el 5, 10 y 16 de junio al Tribunal Constitucional Plurinacional, contra Andrónico Rodríguez Ledezma Presidente de la Cámara de Senadores en ejercicio de la........

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