La corrupción es un fenómeno maligno de orden transversal, que lacera los cimientos de las instituciones públicas y privadas de los Estados del planeta y suele impactar con mayor deterioro, allí donde las instituciones de la justicia están ejercidas por jueces y magistrados sin un mínimo de perfil profesional, vulnerable ética e integridad moral y sin ninguna migaja de responsabilidad en la administración pública que se les ha encomendado.

En el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción contenida en la Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2023, se estableció que la corrupción es una plaga que tiene un amplio espectro de consecuencias generales para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

En este orden, teniendo presente la independencia del poder judicial y su papel decisivo que debe ejercer en la lucha contra la corrupción a objeto de preservar la democracia y los valores de la Constitución, cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su orden jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará las medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial, tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial (art. 11.1 de la CCC Res. 58/4 de la ONU). ¿Cómo se pueden aplicar estas medidas en Bolivia? Si las instituciones internacionales han cuestionado a los órganos judiciales por falta de independencia y porque permiten la injerencia política y que los casos más emblemáticos que interesan al gobierno (ministerio de justicia) siempre caen bajo la admisión y resolución de la Sala 4ta. del Tribunal Constitucional Plurinacional integrada por los magistrados René Yván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado Zamurano. Las denuncias de adelanto de sorteo de causas tampoco es una novedad, pero es un daño maligno que se vincula con la corrupción.

Igualmente, desde meses atrás se conoce por el ministro de justicia que las magistradas de la Sala Constitucional Especializada Primera. tienen un retraso de aproximadamente 1.200 causas sorteadas sin resolver, a cuya consecuencia se han promovido denuncias por incumplimiento de deberes cuyo estado se desconoce y, de otras, que se mantienen en statu quo en algún despacho del Tribunal Constitucional Plurinacional rosando la comisión de delitos por actos de omisión al no imprimir el procedimiento penal respectivo. De modo que la corrupción cuando penetra al órgano judicial no solo compromete la estabilidad y seguridad de la sociedad, mina las instituciones, valores de la democracia, así como amenaza la ética, decencia, la justicia y el imperio de la ley en el estado de derecho.

Existiendo mayúscula retardación de justicia con denuncias de por medio y nada menos por el ministro de justicia que advirtió, que no cesarían hasta que dejen su despacho al día, surge la pregunta inmediata ¿con qué ética y moral se repostulan a otros cargos? El fenómeno de la retardación y la tolerancia del indebido proceso y uso excesivo de la medida cautelar sesgada en su objeto y fines aplicada como norma progresiva contra opositores en Bolivia se ancla también en algunas salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde además la corrupción ha estado presente con denuncias de cobros en una de sus salas administrativa y de extravío de expediente en el caso Pedro Montenegro que finalmente fue extraditado en el gobierno de la expresidenta constitucional interina Jeanine Añez el 29 de noviembre de 2019, no obstante que Brasil solicitó la extradición en tres ocasiones en los periodos comprendidos entre 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Cuáles fueron las causas para que luego de 4 años se proceda al sorteo del expediente para que la Sala Plena del TSJ emita la Resolución de Extradición ejecutando el mandamiento de detención y entrega al Brasil del narcotraficante Montenegro que interno a ese país 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína? Aquí hay mucha tela por cortar sobre todo por las versiones del exministro de justicia de Evo Morales, que el narcotraficante condenado por la justicia de Brasil a más de once años se paseaba por los Altos tribunales y hasta pretendía ser juez.

Todos estos elementos que dañan la dignidad del pueblo boliviano debían ser evaluados por los legisladores que integran la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), si varios magistrados en función de auto prorrogados del Tribunal Supremo de Justicia han sido habilitados como repostulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, enrosque que no deja de ser el apogeo fugaz, pernicioso hasta el hastío, propio de sistemas dictatoriales al vulnerar la Constitución que taxativamente establece que, las magistradas y magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de........

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