Hay momentos en la historia de un país en los que las palabras dejan de ser simples palabras. Se vuelven frontera. Señalan un límite. Nos obligan a escoger no entre consignas, sino entre formas de vida. Algo de eso ocurrió cuando Jorge Tuto Quiroga planteó, desde X, la disyuntiva entre una Bolivia libre o una Bolivia sometida a los bloqueos de Evo. Más allá de quién pronuncie la frase, más allá de la disputa política inmediata, hay en ella una pregunta que merece ser pensada con serenidad y con firmeza: ¿puede un país seguir llamándose libre cuando sus caminos han sido convertidos en instrumentos de coerción?

Bolivia atraviesa uno de esos instantes en los que la democracia se mira en el espejo de sus propias fragilidades. El sábado 20 de junio, el presidente Rodrigo Paz declaró el estado de excepción, después de semanas de bloqueos, desabastecimiento, tensión social y una convivencia cada vez más erosionada. La medida, por su propia naturaleza, inquieta. Todo estado de excepción debe inquietar a una sociedad democrática, porque implica el ingreso de una lógica extraordinaria en la vida pública. No es una decisión menor, no puede ser celebrada con ligereza ni aceptada sin vigilancia ciudadana. Pero tampoco puede ser analizada fuera del contexto que la produce.

Porque una cosa es el derecho legítimo a la protesta y otra, muy distinta, es la captura de un país entero mediante el bloqueo. Una cosa es expresar el malestar social —que existe, que es real, que no debe ser negado— y otra es convertir ese malestar en una forma de asfixia colectiva. Cuando se impide el paso de alimentos, combustible, medicamentos y ambulancias, la protesta deja de ser solamente una demanda política y empieza a tocar una zona moral más grave: la vida cotidiana de personas que no necesariamente forman parte del conflicto, pero terminan pagando sus costos.

La libertad no es un concepto abstracto que habita únicamente en los libros de filosofía política. La libertad también es poder llegar al hospital. Es que un camión con alimentos llegue a destino. Es que una madre pueda comprar gas. Es que un trabajador pueda salir de su casa sin pedir permiso a un dirigente. Es que el Estado no abandone a la ciudadanía ante quienes deciden que la carretera les pertenece.

Por eso, la pregunta no es si los sectores movilizados tienen o no derecho a expresar su descontento. Lo tienen. La pregunta es otra: ¿hasta dónde llega ese derecho cuando empieza a negar los derechos de los demás?

Allí está el nudo ético y político de este momento.

Las organizaciones Túpac Katari y Bartolina Sisa, afines a los sectores movilizados, desconocieron el acuerdo de pacificación firmado entre la COB y el Gobierno. Primero afirmaron que seguían de pie, en pie de lucha, acusando de traición a quienes se sentaron a negociar. Luego declararon un cuarto intermedio por el Año Nuevo Andino. Ese giro muestra algo más profundo que una variación táctica: revela la fragmentación de un movimiento que ya no habla con una sola voz, pero que aún conserva capacidad de presión sobre la vida nacional.

Más recientemente, el propio Evo Morales anunció un cuarto intermedio en el conflicto y procuró presentarlo no como una rendición, sino como una pausa dentro de una estrategia mayor. Esa precisión no es menor. En política, las pausas también hablan. A veces abren una oportunidad para........

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