A once días de la vigencia del Decreto Supremo 5503, el balance inicial exige una lectura serena, rigurosa y despojada de consignas. La medida fue inevitable y necesaria, no por una pulsión tecnocrática ni por un mandato ideológico, sino porque el subsidio a los hidrocarburos se había convertido en una distorsión estructural que drenó recursos públicos, incentivó ineficiencias y terminó castigando, paradójicamente, a quienes decía proteger. No fue casual que el tema ocupara el centro de la discusión durante la campaña electoral más larga de la historia democrática: el problema ya no admitía eufemismos ni postergaciones.
El decreto cumplió, en sus primeros días, un objetivo clave: estabilizar la provisión de combustibles. En un país donde la escasez se había vuelto rutina y la incertidumbre parte de la vida cotidiana, ese dato no es menor. Sin embargo, como toda decisión estructural, el impacto inmediato tuvo costos visibles. El incremento de las tarifas del transporte público volvió a revelar un patrón conocido: la presión agresiva y corporativa de los gremios, que, una vez más, lograron imponer alzas con........

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