La escasez de gasolina y diésel en el país es un síntoma de problemas más profundos dentro de las políticas económicas gubernamentales, caracterizadas por una dependencia excesiva en subsidios y medidas de control de precios que no abordan el fondo de la cuestión. Desde una perspectiva jurídica, el Estado tiene el mandato de asegurar el acceso y disponibilidad de recursos básicos para el bienestar de la población. Sin embargo, las políticas implementadas hasta ahora han sido paliativas, diseñadas para aliviar la crisis temporalmente sin garantizar soluciones estructurales. Estas decisiones, además, generan tensiones en el gasto público, afectando la estabilidad económica a largo plazo.

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