Bolivia enfrenta una crisis que va más allá de un conflicto coyuntural entre un gobierno y una organización social. Está en juego si el país seguirá funcionando bajo el principio de que la autoridad emana de la Constitución y del voto ciudadano, o si avanzará hacia un escenario donde la presión de grupos organizados sustituya a las instituciones del Estado.

Durante años, Bolivia ha acumulado una peligrosa debilidad institucional. Los bloqueos de carreteras dejaron de ser mecanismos excepcionales de protesta para convertirse en herramientas capaces de paralizar la economía, afectar el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, e impedir la libre circulación. El narcotráfico y las organizaciones criminales han aprovechado los espacios donde el Estado perdió presencia efectiva, fortaleciendo sus capacidades financieras, logísticas y territoriales.

El conflicto con la Central Obrera Boliviana (COB) debe leerse en ese contexto. En democracia, cualquier organización social tiene derecho a protestar, pero hay una diferencia fundamental entre ejercer ese derecho y usar la movilización para condicionar la continuidad de un gobierno elegido constitucionalmente. El gobierno de Rodrigo Paz mantuvo espacios de diálogo, mientras la COB terminó rechazando la negociación y concentrando su exigencia en la renuncia presidencial: el conflicto dejó de ser una negociación sindical y se transformó en una disputa por el poder político.

Una democracia estable permite discutir salarios, leyes, impuestos o subsidios; eso es parte del debate normal entre Estado y sociedad. Pero ningún gobierno elegido por voto puede negociar su permanencia bajo amenaza de bloqueos indefinidos:........

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