Bolivia enfrenta una crisis de endeudamiento que amenaza con prolongar la recesión, debilitar las reservas y comprometer los ahorros de jubilación de miles de trabajadores. No basta con nuevos préstamos para pagar los anteriores: el Gobierno de Rodrigo Paz necesita una estrategia integral para reducir el déficit, aliviar el servicio de la deuda, negociar con los acreedores y proteger el patrimonio previsional.

Conviene distinguir dos conceptos. El déficit fiscal es la diferencia entre gastos e ingresos del Estado en un año; la deuda pública es el saldo acumulado de las obligaciones contraídas para financiar déficits anteriores. El déficit es un flujo; la deuda, un saldo que genera obligaciones futuras. Por eso reducir el déficit no reduce necesariamente la deuda: mientras el Estado gaste más de lo que recibe, seguirá necesitando financiamiento.

El déficit superó el 10% del PIB en 2023 y 2024; la meta oficial es 9,1% en 2026, 6,4% en 2027 y 3,8% en 2028. Con un PIB cercano a US$54.000 millones, llegar al 3,8% disminuiría las necesidades anuales de financiamiento en unos US$2.860 millones.

La deuda externa pública alcanzó US$14.117 millones (Bs 98.256 millones a Bs 6,96 por dólar), el 26,1% del PIB, al 30 de septiembre de 2026: BID US$4.411 millones, CAF US$3.343 millones, Banco Mundial US$1.719 millones, China US$1.188 millones, Francia US$709 millones, Alemania US$91 millones y otros, incluidos bonos, US$2.657 millones. Pero no es toda la deuda: el FMI proyecta la deuda bruta del gobierno general en 102,7% del PIB, unos US$55.500 millones (Bs 386.600 millones), cifra ilustrativa que combina coberturas distintas y no es un saldo verificado. Las obligaciones con el BCB, la banca, los fondos de pensiones y los tenedores de títulos del Tesoro,........

© El Deber