En medio de la discusión sobre las revelaciones incriminatorias del exasesor del Ministerio Público Jaime Villanueva, ha (re)aparecido un debate fascinante sobre cómo ingresa la política a la educación escolar.

Esto, a propósito de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para modificar la Ley de Reforma Magisterial, con miras a destituir o bloquear el ingreso a la carrera docente de cualquier persona que esté vinculada a “una organización, movimiento o cualquier forma de agrupación cuya ideología o actos sean contrarios al orden constitucional, al sistema democrático y/o al respeto a los derechos humanos”.

Qué objetivo más loable, pensaría uno al revisar esta iniciativa legislativa si no tuviera mayores referencias del contexto peruano. Pero sucede que uno de los ámbitos en los que se manifiesta nuestra polarización política es en la percepción que tenemos sobre qué sector ideológico tiene –o debería tener– “capturada” a la docencia en el Perú.

El carácter de urgencia con el que se presenta este proyecto solo se explica si uno asume que hoy un número grande de escolares está siendo sometido........

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