Una de las peores desgracias que pueden ocurrirle a una sociedad y a su Estado es la politización de la Justicia. La función del Poder Judicial determinada por la sociedad y el pacto social es resolver los conflictos jurídicos con imparcialidad, es decir, aplicando estrictamente la letra de la ley, y con celeridad a las personas participantes de esos conflictos, cualesquiera que sean su edad, sexo, educación, profesión, ideológía, preferencia política, cultura, religión y otras creencias.

Lamentablemente, este no es el caso del Estado peruano ahora cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial están dando muestras de una politización que descalifica a sus protagonistas, imbuidos de su poder y de la soberbia que este suscita en los espíritus deficitarios de moral.

La intervención política en la administración de la justicia, emitiendo órdenes de acusación o presionando a ciertos fiscales y jueces que se prestan a ese juego, resucita las lettres de cachet del antiguo régimen en Francia, emitidas por algunos altos funcionarios por un precio con las cuales se podía encarcelar a las personas sin expresión de causa. La presunción de inocencia, propuesta por el joven Cesare Beccaria, surgió contra esas iniquidades y fue, por eso, incorporada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (art. 9º) y, luego en casi todas las otras constituciones del mundo.

La inclinación de ciertos grupos políticos a infringir los derechos humanos no es privativa del Perú. Por su contagio y frecuencia pareciera un huracán que corre por encima de las fronteras. Felizmente, hay en todas partes gente proba que le advierte al pueblo que debe reaccionar. La pregunta que viene a continuación es si el pueblo reaccionará o si tiene los elementos conceptuales para reaccionar.

El artículo siguiente es una contribución lúcida y necesaria contra la politización de la justicia.

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Por Ramón Soriano

Catedrático emérito de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (En el periódico Público, 18/11/2925, por Internet9

El proceso incoado al Fiscal General del Estado (FGE) es de extraordinaria importancia de cara a la historia y conquista de los derechos humanos, pues se refiere a un derecho fundamental, la presunción de inocencia, que forma parte de los primeros y más sustanciales derechos fundamentales, los denominados derechos fundamentales jurisdiccionales, que ya entran en el ordenamiento jurídico de algunos países, como Inglaterra, incluso antes de la época liberal de la........

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