Todo comenzó cuando Cenón de Somodevilla, señor Marqués de la Ensenada, Secretario de Estado de Hacienda (ministro), a las órdenes de Fernando VI, hizo ver la necesidad de realizar el catastro (1) que aportaría a la Administración un conocimiento en profundidad de la estructura del territorio, del que carecía, llegando hasta las poblaciones, aldeas, granjas o despoblados más pequeños.

Era ‘por’ el año 1749 y las autoridades locales, ayudadas por peritos contestaron a un cuestionario impreso, el llamado Interrogatorio, publicado en Real Decreto de 10 de octubre, que constaba de 40 preguntas sobre el nombre, límites, jurisdicción, fuentes de riqueza de los vecinos y el concejo, incluyendo campos, casas, cultivos, ganadería, comercio e industria, y número de contribuyentes.

Para ello trajeron a España –porque aquí no había quién-, un técnico francés que –constantemente comprobado-, no dio ‘pie con bola’ (2) y pese a la oposición del Rey de Francia (Luis XV), los del reino de aquí enviaron a París como becario durante nueve años al funcionario Tomás López, ‘para que a su vuelta ponga en práctica lo aprendido’.

Y lo hizo. Y su buen trabajo dio vida al posterior Catastro, que afloró infinidad de conflictos de jurisdicción y límites entre localidades. Incluso permitió localizar poblaciones ¡esta sí que es buena! como la de Carrascosa del Tajo que, situada entre las provincias de Soria, Guadalajara y Cuenca, había conseguido no tributar en ninguna.

Al medio........

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