Ernesto Cardoso Camacho

Es indudable que los gobiernos democráticos que funcionan en el marco constitucional de separación de poderes, tienen responsabilidades ineludibles y justamente la principal de ellas, es respetar la autonomía e independencia de cada rama del poder público, también bajo el claro mandato constitucional contenido en el artículo 113 según el cual “ ……[ …….] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.  Y tales fines se detallan en el artículo segundo superior, los cuales se dirigen a garantizar derechos y libertades así como el bienestar de los ciudadanos.

En este claro contexto constitucional es que se ha desarrollado en la ciencia política el concepto de gobernabilidad, que debe entenderse siempre, como la capacidad del sistema democrático para gobernar de manera legítima y estable, garantizando el equilibrio entre las demandas de la sociedad y la capacidad del Estado para procesarlas y atenderlas; a través de la estructuración y ejecución de políticas públicas eficaces que permitan mantener el orden institucional.

Desde luego en el sistema democrático presidencialista, la responsabilidad de estructurar y ejecutar tales políticas públicas le correspnde al ejecutivo con la solidaria colaboración armónica del congreso, las cuales generalmente se plasman en el llamado PLAN NACIONAL DE DESARROLO que como ley orgánica tiene la más alta categoría jurídica en el sistema, seguida de la definición de los presupuestos plurianuales que se determinan en el marco de la llamada Ley de Presupuesto.

Por tales razones es que le corresponde al presidente y sus ministros en  cada período presidencial, planificar ese Plan Nacional de Desarrolo para discutirlo y consensuarlo........

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