Por: Carlos Yepes A.

Ayer presenciamos una escena que ya no sorprende porque se ha vuelto parte de la cotidianidad, con diferentes rostros y en todos los municipios en el Huila y en buena parte del país. En el corazón del municipio de Yaguará, por calles donde transitan familias, niños y adultos mayores, algunos jóvenes en motocicleta se movían a velocidades excesivas, haciendo maniobras riesgosas y convirtiendo la zona céntrica en una especie de pista. A eso se sumaba el ruido de escapes intervenidos, que rompe la calma del parque y anuncia, antes que la moto, la falta de consideración. No es un “juego”: es una señal de alarma. Cuando la velocidad se naturaliza en el casco urbano, el accidente deja de ser una hipótesis y empieza a perfilarse como desenlace probable.

Lo más inquietante es que el país no está en cero en materia de regulación. Existen límites generales para la velocidad en áreas urbanas y parámetros más estrictos en entornos residenciales y escolares. El problema es otro: lo normativo no se traduce, con suficiente fuerza, en realidad municipal. Entre lo que dice el papel y lo que ocurre en la calle se abre un vacío que termina pagando el peatón: el más frágil, el menos protegido, el que no lleva carrocería ni casco para amortiguar el impacto de la imprudencia ajena.

Esa brecha se explica, en gran parte, por limitaciones locales que muchos alcaldes conocen de primera mano: señalización insuficiente o........

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