Caracas. En uno de los últimos actos legislativos del año la Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley derogatoria de la Ley del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) y en el cual se contemplan y tipifican los crímenes de lesa humanidad.

Bajo la premisa de “demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución (CPI) que debería servir para proteger a los pueblos”, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, encabezó esta aprobación que vino directamente de la AN y no incluyó ninguna solicitud previa del Ejecutivo Nacional.

Y aunque la intención manifiesta de la acción legislativa es que Venezuela denuncie este pacto, que ratificó en año 2000, especialistas en materia jurídica explican que los pasos para formalizar una acción que excluya al país del estatuto debe seguir otros pasos.

Foto cortesía: Danielle Silva, medios Asamblea Nacional

Tras la sanción de la Ley Derogatoria del Estatuto de Roma, el Ejecutivo no se ha pronunciado para su promulgación y posterior publicación en Gaceta oficial.

Ali Daniels, abogado y miembro de la ONG Acceso a la Justicia, explicó a Crónica Uno que “llama la atención........

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