Con el tiempo, las cosas no han mejorado en el entorno del poder judicial al menos en lo que respecta a la opinión pública. Parecería que, los tribunales, algunos, no todos, estuvieran metidos en una carrera sin fin, por obtener su notoriedad, a través de actuaciones, con frecuencia controvertidas. No es necesario enumerarlas, las hay de todos los colores. Estas actuaciones, lejos de contribuir a la recuperación del viejo prestigio judicial, alimentan la estupefacción en los mentideros jurídicos y, por extensión, en los políticos.

Es cierto que, en el momento de la interpretación de una norma -al nivel que sea, dentro del mundo judicial y jurídico en general-, con mucha frecuencia, se producen discrepancias. Y eso, lejos de considerarse algo malo, estimo que es beneficioso porque, las divergencias, ayudan a mejorar y perfeccionar el sistema normativo.

Pero, en estos tiempos en los que, al parecer, la teoría y práctica del derecho de racionalidad sustantiva se ha generalizado e impuesto sobre la del derecho de racionalidad formal, la eficacia, la utilidad, la rentabilidad…, (fundamentos del mercado) se han convertido en principios jurídicos legitimadores.

Si lo importante es el resultado, esto facilita que, con mucha frecuencia, se supere el límite de la discrepancia sana para situarse en el terreno del disparate. Y, se adentra en el terreno del disparate, consciente o inconscientemente en el ejercicio de la interpretación jurídica y buscando la utilidad, se desnaturalizan, por ejemplo, los principios trascendentes. 

Esto acaba de ocurrir en el Estado español en torno a la Ley de Memoria Democrática popularmente conocida como Ley de nietos. Esta norma aprobada en el mes de octubre de 2022, con el fin de saldar una deuda histórica contraída por la Dictadura franquista, establece “que los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de........

© Deia (Tribuna Abierta)