Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año pasado alcanzó la cifra récord de 2,88 billones de dólares, con un aumento del 2,9% y una incidencia del 2,5% sobre el PIB mundial. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor presupuesto militar (954.000 millones de dólares), seguido de China y Rusia. Juntos representan el 51% del gasto militar mundial, que en 2024 creció un 9%. Mientras tanto, el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry ha crecido un 43% en el último año. Cinco de los seis primeros puestos entre las 100 empresas armamentísticas más importantes del mundo están ocupados por capital estadounidense, y las 40 empresas estadounidenses que forman parte de esta clasificación representan el 49% de las ventas globales, generando ingresos por valor de 334.000 millones de dólares.

En un contexto de gran expansión del gasto militar y de los beneficios vinculados a la producción y venta de armas, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por recuperar el control de lo que sigue considerando su «patio trasero», con una reedición trumpiana 2.0 de la Doctrina Monroe, ya rebautizada como Donroe. Iniciativas como el Escudo de las Américas, la militarización del Caribe, el endurecimiento del bloqueo y las amenazas de invasión contra Cuba, la incursión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, así como las amenazas y represalias contra aquellos gobiernos que reivindican el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía, son un ejemplo de la estrategia puesta en marcha por Washington, con el apoyo de Israel y del ultraconservadurismo estadounidense y latinoamericano. También las maniobras para posicionar a Honduras y a su expresidente Juan Orlando Hernández como cabezas de puente del proyecto hegemónico estadounidense forman parte integrante de esa misma estrategia.

Frenar la expansión de China (tierras raras, minerales críticos, infraestructuras, tecnologías, extractivismo), garantizar los intereses del capital multinacional estadounidense e israelí, así como el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, frenando al mismo tiempo los procesos de integración e independencia latinoamericana y el surgimiento de nuevos proyectos progresistas y de resistencia al modelo neoliberal extractivista, son los principales objetivos de la ofensiva estadounidense. Para ello no basta con el apoyo político y la sumisión de gobiernos vasallos y de oligarquías nacionales complacientes y cómplices, sino que es necesaria la remilitarización del continente, astutamente enmascarada como lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Un proyecto que sufrió una violenta aceleración durante el segundo mandato de Donald Trump y que se plasmó en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Estados Unidos el año pasado.

Según el Centro Mexicano de Relaciones Internacionales (Cemeri), actualmente (2023) Estados Unidos mantiene en América Latina y el Caribe unas 76 entre bases de operaciones o bases principales (con instalaciones permanentes en extensiones territoriales superiores a 4 hectáreas y con al menos 200 militares), cuasi-bases o «lily-pad bases» (más pequeñas, de perfil bajo para operaciones específicas y reacción rápida) e instalaciones de seguridad o bases financiadas (propiedad de los países anfitriones y que sirven como centros de operaciones periódicas, almacenamiento de equipo militar y entrenamiento). Todas ellas bajo el control operativo y la vigilancia del Comando Sur (Southcom). A estas se suman las llamadas bases operativas no confirmadas, es decir, instalaciones que nunca se han declarado oficialmente y que ni siquiera aparecen en los registros oficiales del Departamento de Defensa, con presencia de militares estadounidenses y para las que no se han firmado acuerdos, ni convenios entre Estados. No es casualidad que sean las más extendidas y que escapen a los recuentos........

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