“Galicia, mi tierra, está en peligro”, campaba en las redes sociales la advertencia del actor Luis Zahera, promovida por Greenpeace, contra el proyecto industrial estrella que promovía el gobierno autonómico de Alberto Núñez Feijóo, antes de que su titular optase a más altos destinos que el de presidir la Xunta. (Como curiosidad para espectadores no gallegos, Zahera había protagonizado con Feijóo un vídeo institucional navideño en 2020, basado en el parecido físico de ambos). Ahora tendrán que escuchar el acento y el gesto característico del actor en otro tipo de producciones.

Durante cinco años, cientos, miles de pequeños David se han enfrentado a un enorme Goliat

Durante cinco años, cientos, miles de pequeños David se han enfrentado a un enorme Goliat

Durante cinco años, cientos, miles de pequeños David se han enfrentado a un enorme Goliat formado por una multinacional, un entramado empresarial de lo más granado del capital gallego, un lobby con tentáculos en las altas instancias de Madrid y Bruselas y el propio gobierno autonómico. Altri, el proyecto de una macrocelulosa en el interior de Galicia, en la comarca de A Ulloa, ha sido archivado por la propia administración autonómica (los promotores tendrán tres meses para presentar alegaciones). La conselleira de Industria, María José Lorenzana, justificó la medida mediante el método habitual de echarle la culpa al gobierno central, pero ya había señales de que la iniciativa era un muerto al que únicamente le faltaba el certificado de defunción.

La producción de celulosa en Europa ha experimentado en los últimos años una tendencia decreciente. Los principales productores son Suecia, Finlandia, Alemania y… Portugal. Pero, a diferencia de sus rivales del norte, el país luso tiene una densidad de población diez veces superior. Es decir, entre los árboles vive gente (tiene el doble de habitantes que Finlandia y los mismos que Suecia, en mucho menos territorio). Y sus estándares ecológicos son considerablemente menos estrictos. Los pavorosos incendios de 2017 en Pedrógão Grande (64 personas muertas) que se produjeron sobre todo en zonas repletas de una especie pirófila (que se propaga con el fuego) como el eucalipto, provocaron un rechazo social al monocultivo de este árbol y una moratoria en su expansión. 

Navigator (uno de los grandes grupos papeleros lusos, el otro es Altri) tuvo que parar la producción en su factoría de Aveiro el pasado octubre por falta de materia prima nacional. La solución lógica era intensificar las plantaciones ya existentes en el territorio vecino, sobre todo Galicia, donde el eucalipto es la especie que monopoliza la práctica totalidad de los montes de las comarcas costeras y de buena parte de las interiores. Pese a la moratoria vigente desde 2021, que impide que sustituya a otras especies, su superficie se incrementó desde entonces en 25.000 hectáreas. Galicia produce al año casi seis millones de metros cúbicos de este árbol (en 1993, en toda España no se cortaban ni tres millones). El problema es que más de la mitad de la producción gallega de eucalipto se exporta fuera de Galicia y la factoría que Ence tiene en Pontevedra consume buena parte del resto.

Plantear la instalación de otra factoría de celulosa en Galicia era como pretender la construcción de una central nuclear en Chernóbil

Plantear la instalación de otra factoría de celulosa en Galicia era como pretender la construcción de una central nuclear en Chernóbil

Plantear la instalación de otra factoría de celulosa en Galicia era como pretender la construcción de una central nuclear en Chernóbil. Ya hubo intentos después de que se instalase la de Pontevedra, todos en vano. La factoría pontevedresa sobrevive en su privilegiada ubicación actual, contra viento y marea social porque, a punto de finalizar la concesión de los terrenos que le adjudicó el franquismo en plena ría, esta le fue renovada in extremis por un gobierno en funciones, el de Mariano Rajoy, hasta 2073.

Así que, en una hábil operación de greenwashing, en enero de 2021 se dio a conocer el proyecto Altri como una de las propuestas que podrían acogerse a los fondos Next Generation. Una factoría que fabricaría lyocell, una fibra textil hecha a base de pasta de papel. El plan recibió en el Parlamento de Galicia el apoyo unánime de los tres grupos (popular, nacionalista, socialista) y las peticiones de varios ayuntamientos para ser la sede de la nueva industria. En 2023, cuando apareció en el Diario Oficial de Galicia la concesión para la captación de agua, la empresa era otra, Greenfiber, que estaba participada por Altri y por un grupo empresarial forestal, Greenalia (en cuya dirección, como en la de ENCE recalaron los ex responsables de Medio Ambiente de las Administraciones gallega y española). 

En una hábil operación de greenwashing, se dio a conocer el proyecto Altri como una de las propuestas que podrían acogerse a los fondos Next Generation

En una hábil operación de greenwashing, se dio a conocer el proyecto Altri como una de las propuestas que podrían acogerse a los fondos Next Generation

Como cabeza visible estaba José María Castellanos, la antigua mano derecha de Amancio Ortega y fugaz presidente de Nova Caixa Galicia (el intento de reflotar las antes poderosas cajas de ahorro gallegas). Tenía también el respaldo financiero de Abanca, el banco privado que se hizo con aquellos restos financieros y que tenía y tiene el 40% del mercado gallego. Para completar el elenco de padrinos de fuste, la operación estaba asesorada por la consultoría Acento, creada por el ex secretario de organización del PSOE, exministro de Fomento y exeurodiputado José Blanco, y engordada por otros altos ex de su partido y del contrario. Es decir, además del entusiasta apoyo de la administración y el capital gallego, tenía un muñidor con amplias relaciones en el gobierno central (fuese del color que fuese) y en los pasillos de la UE. 

En contra de los tópicos de la España vaciada, ni Palas de Rei (Lugo), el término municipal concreto donde se asentaría, ni la comarca de A Ulloa en general, son un páramo improductivo. Situada en la confluencia de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra, aunque con unas características comunes (por eso está extendiéndose la denominación tolkiana de A Ulloa como A Terra do Medio) padece la despoblación de todo el interior gallego, pero está llena de brotes verdes. Allí se elabora la segunda denominación de origen de queso más productiva de España, hay un importante sector ganadero (unas 3.000 explotaciones) que apunta cada vez más a una producción ecológica, y culturalmente, pese a la desidia institucional, celebra eventos tan interesantes como el Agrocuir (lo queer en el medio rural). Es el corazón del Camino de Santiago y parte está integrada en la Red Natura. 

La primera resistencia nació de lo que se dio a conocer como la Plataforma Ulloa Viva. Un grupo de personas, sobre todo mujeres, con trabajos normales, que viven en poblaciones pequeñas, alejadas de los núcleos de atención mediática, salvo en casos de crónica negra o de evento folclórico. Pero al analizar con detalle la documentación más allá de las noticias promocionales (una industria de futuro en la que invertirían 700 millones de euros y que crearía al menos miles de puestos de trabajo), descubrieron, con la ayuda de expertos de las universidades, que lo que se proyectaba era una macroinstalación que ocuparía 366 hectáreas, una celulosa diez veces más grande que la de Ence en Pontevedra. Que preveía fabricar lyocell, pero sólo 200.000 toneladas anuales en el cénit de la producción, mientras que la de pasta de celulosa sería de partida de 400.000 toneladas. 

Que tendría una chimenea de 75 metros que emitiría gases tóxicos y 60.000 toneladas de CO2. Que consumiría más de dos millones de toneladas de eucalipto (la extensión actual de este árbol en Galicia supera ya la que estaba prevista para 2030). Que extraería diariamente del río Ulla 46 millones de litros de agua (tanto como el consumo de la provincia de Lugo entera) de los que devolvería 30 millones de litros, convenientemente tratados, pero con una temperatura superior a la de origen –“dos o tres grados arriba o abajo”, según un directivo de la empresa–, a un río ya martirizado por los usos hidroeléctricos. 

Los puestos de trabajo empezaron siendo 2.500, después se rebajaron a 1.500 y la última cifra los reducía a 500. Demasiados en todo caso para instalaciones sanitarias diseñadas únicamente para 200 usuarios. (En una de esas curiosas sinergias público-privado, el encargado de reclutar trabajadores no era la empresa promotora, sino el alcalde de Palas de Rei, del PP. No llegó a completarse el cupo previsto de candidatos). El Consello da Cultura Galega (un organismo que figura en el Estatuto de Autonomía y, por lo tanto, está vinculado a la Xunta) publicó un extenso y demoledor informe contrario al proyecto, elaborado por expertos de varias universidades. Y también llegaron informaciones de los problemas medioambientales que causaban las factorías de Altri en Portugal, con sanciones por contaminar el Tajo. 

La primera señal de que no todo iba según lo previsto por los promotores fue un muy discreto comunicado de Inditex, en teoría uno de los principales destinatarios del famoso lyocell, que se limitaba a informar de que invertiría en una startup finlandesa que planeaba crear textil utilizando no fibras de origen vegetal, sino otras extraídas de ropa usada. El mundo oficial seguía pregonando la sostenibilidad y la segura inclusión de Altri en los fondos Next Generation (preveían/necesitaban 250 millones de euros).

La primera formación en apearse del apoyo al idealizado proyecto verde fue el BNG, y su capilaridad social y sindical reforzó e incrementó las protestas. Paralelamente, otros sectores, como el pesquero y marisquero de la ría de Arousa, la más productiva de Galicia, en la que desemboca el río Ulla, y que sufre también afecciones de explotaciones mineras, se pusieron al lado de Ulloa Viva. Se registraron, en Palas de Rei, en Santiago, en la localidad costera de Pobra do Caramiñal, manifestaciones de decenas de miles de participantes. Se realizaron acciones como la elaboración de un queso específicamente “anti Altri”. Los conciertos musicales y los partidos de fútbol en toda Galicia finalizaban con el público coreando el slogan “Altri Non”. El nombre de la multinacional portuguesa era tan tóxico que la propaganda insistía en denominarla como “Proyecto Gama”.

En marzo de 2025, la Xunta concedió el certificado medioambiental al proyecto, a costa del cese o la dimisión de algunos de los altos cargos que deberían refrendarlo

En marzo de 2025, la Xunta concedió el certificado medioambiental al proyecto, a costa del cese o la dimisión de algunos de los altos cargos que deberían refrendarlo

Las batallas que necesitaba ganar Gama eran las institucionales. El PSdeG-PSOE, que se había puesto de perfil en el asunto (“si cumple la legalidad, no nos opondremos”, decían al principio, como si existiese la posibilidad de apoyar algo que no la cumpla), se decidió a apostar a la contra. En marzo de 2025, la Xunta concedió el certificado medioambiental al proyecto, a costa del cese o la dimisión de algunos de los altos cargos que deberían refrendarlo. En su día, el Gobierno central había acogido más que favorablemente el proyecto. Un ministro de Industria de Pedro Sánchez, Héctor Gómez, se fue a Lisboa para reunirse con directivos de Altri y otro, Jordi Hereu, anunció que apoyaría la inclusión de Altri-Greenfiber en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la UE. Pero en cuanto creció la contestación (o repasaron con más detalle la documentación), el Gobierno empezó también a dar señales de que la inclusión en los fondos Next Generation no era del todo segura. No entró en los PERTES de descarbonización ni en los de economía circular. Y en el seno de la UE se empezaron a emitir vibraciones similares. 

Integrantes de la plataforma Ulloa Viva tras conocerse el archivo del caso de Altri el pasado 20 de febrero. / Ulloa Viva

A despecho de todo, la Xunta llegó a proclamar que si la UE no aportaba los fondos, lo haría la propia administración autonómica. Sin embargo, el pasado mes de agosto, Impulsa Galicia, la sociedad público-privada promovida por la Xunta de Galicia “para agilizar iniciativas empresariales” (fundamentalmente, la factoría de Altri), fue disuelta sin que se diesen a conocer ni sus cuentas ni si existía un contrato con la papelera portuguesa. A principios de este mes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admitió a trámite un recurso del BNG para acceder a esa documentación. 

En noviembre, la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) otorgó al proyecto Gama el sello STEP, que aseguraba que era “estratégico para mejorar la competitividad industrial de Europa”. Pero pocos días después, en la relación de ayudas concedidas por la misma CINEA no aparecía ni un euro para la celulosa, y sí cerca de 200 millones para otras dos propuestas empresariales “verdes” en Galicia. 

“Eso está muerto”, me dijo ya el pasado año un ex alto cargo socialista, cuando la postura de su partido todavía no estaba del todo clara. “En primer lugar porque la batalla de la opinión pública la tienen más que perdida. Y en segundo y principal, porque la subestación eléctrica que tendría que suministrar energía a toda la instalación costaría una millonada, y tardaría, como mínimo, tres años en poder construirse”. La Xunta ha encontrado ahora ahí, en la negativa del gobierno central a asegurar la conexión con la red eléctrica, la excusa para deshacerse del muerto y cargárselo a otro. El pasado viernes 20, en medio de una poco relevante visita a una empresa maderera, la responsable de Industria anunció el inicio del trámite del carpetazo del proyecto Gama. “La Xunta tiene que ser coherente con lo que dijo desde un principio y archivar este proyecto porque no cumple con las especificaciones técnicas”. El mismo día, fuentes del Gobierno señalaron que “para atender una demanda del calibre de la fábrica que la multinacional lusa quería implantar habría que construir una infraestructura específica para un proyecto que tenía mucha incertidumbre”. Las declaraciones de las dos administraciones se cruzaron con las de la empresa, que consideraba que los criterios de exclusión del abastecimiento eléctrico “eran políticos y no técnicos” y anunciaba que recurriría el archivo

En Ulloa Viva, de entrada manifestaron su alegría “por la victoria de la lucha popular”, pero también su cautela. “No es la primera vez que la Xunta o la empresa nos mienten. Seguiremos con lo nuestro”. Lo probable, en todo caso, es que Luis Zahera podrá ahora dedicarse a lo suyo.

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