Apenas unas semanas antes de la operación militar estadounidense en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, el gigante energético estadounidense Halliburton presentó una demanda inusual ante un tribunal internacional alegando que el Gobierno venezolano le debía una indemnización por las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país.

Otra demanda contra Venezuela está siendo tramitada por otro gigante de los combustibles fósiles, cuya junta directiva incluye a un magnate petrolero cuya familia ha realizado importantes contribuciones financieras a los republicanos y a causas conservadoras. Un miembro de la familia invirtió decenas de miles de dólares en un comité político centrado en la reelección del presidente Donald Trump en 2024.

Estas empresas con demandas pendientes podrían ser ahora las primeras en recibir una enorme ganancia inesperada

Estas empresas con demandas pendientes podrían ser ahora las primeras en recibir una enorme ganancia inesperada de un nuevo Gobierno venezolano instalado por Trump, dispuesto a canalizar el dinero del país sudamericano hacia las empresas demandantes.

Poco después de la operación militar estadounidense del 3 de enero, Trump declaró que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela, además de realizar inversiones en la infraestructura petrolera y gasística del país y vender los activos petroleros estatales. Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, que representan alrededor del 17 % del suministro mundial, aunque gran parte de las reservas del país siguen sin explotarse.

En total, Venezuela se enfrenta a nueve casos pendientes iniciados por inversores y grandes empresas que alegan daños financieros relacionados con la nacionalización de las industrias estatales del país, las sanciones internacionales y la inestabilidad política. El país ha resuelto varias docenas en las últimas décadas.

Estos casos se arbitran en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, un órgano rector que ha sido muy criticado por dar prioridad a los intereses de los inversores sobre los de los Estados soberanos, y en particular los de los países en desarrollo. En el 17 % de estos casos, el país receptor se ha visto obligado a llegar a un acuerdo.

Un Gobierno venezolano respaldado por Estados Unidos podría........

© CTXT