La promulgación del Decreto Supremo 5503 sorprendió a amplios sectores de la sociedad boliviana. Durante meses se había instalado, desde el propio discurso oficial, la expectativa de que cualquier ajuste estructural recién se aplicaría en 2026 y de forma gradual. Sin embargo, la realidad fue otra y mucho más brusca: la eliminación de los subsidios a los combustibles, el congelamiento salarial y el viraje de la política económica se implementaron casi de inmediato, provocando protestas focalizadas en La Paz, bloqueos de carreteras, paros del transporte y movilizaciones sindicales que dejaron al descubierto que no todos están de acuerdo.

Aunque sectores empresariales y productivos reconocen que el esquema de subvenciones era fiscalmente insostenible, el rechazo ciudadano ha sido mayoritario, sobre todo en las ciudades, donde el impacto del ajuste se siente con rapidez en el bolsillo y en la rutina diaria. Ese malestar no puede leerse solo como una reacción coyuntural: revela una desconexión profunda entre el gobierno y una población que no estaba preparada, ni política ni emocionalmente, para un viraje de esta magnitud y que percibe el ajuste más como una imposición inesperada que como el resultado de un debate honesto y previo sobre los límites del modelo económico.

La comparación con el Decreto Supremo 21060 es inevitable, pero peligrosa si se hace sin matices. En 1985, Bolivia era un país distinto: apenas la mitad de su población vivía en áreas urbanas. Hoy cerca del 72 por ciento........

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