Ampliar la integración se sensibilidades religiosas y espirituales en el ámbito público más allá de las voces hegemónicas es una forma de práctica democrática, recuerda la siguiente columna de opinión para CIPER: «Aquí todas las partes deben ceder y colaborar en el proceso. Las organizaciones de sociedad civil no pueden continuar negando la importancia social de lo religioso o insistir en lecturas reduccionistas […]. Sobran ejemplos para entender de forma positiva y colaborativa el lugar de las creencias religiosas dentro de las dinámicas sociales, e insistir en la exclusión de lo religioso es negar un elemento constitutivo de lo popular.»

La expresión «laicidad dialogante e inclusiva» es la bandera que, en nuestro país, ha izado la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) [foto superior] como eje de su gestión. Recordemos que dicha oficina, creada en octubre de 2007, tiene por objetivo «representar al Gobierno frente a las entidades religiosas», y su constitución responde al cumplimiento de la llamada «Ley de cultos», sancionada en 1999. La dirección de la ONAR ha sido otorgada históricamente a personas con afiliación no católica, en vistas de promover mayor representación de grupos no mayoritarios. Esto conllevó la presencia de dirigentes pertenecientes al sector evangélico, entendido como «primera minoría» nacional. Sin embargo, dicha oficina desarrolla actividades interreligiosas a nivel territorial, más allá de las voces cristianas (tanto católicas como evangélicas), con el objetivo de visibilizar la presencia de la pluralidad de creencias en el país en distintas áreas, como el desarrollo comunitario, el diálogo democrático y la participación en el fortalecimiento social.

En la actualidad, la ONAR trabaja en tres grandes áreas, además de las mencionadas: (1) en el fortalecimiento de los encargados/as municipales de asuntos religiosos, a través de una mayor articulación interna así como con la Secretaría General de la Presidencia; (2) en la elaboración de un «Programa de Comunidades de Primera Acogida», que tiene por objetivo la articulación de organizaciones basadas en la fe y comunidades religiosas para la ejecución de proyectos de intervención social desarrollada por el gobierno a nivel regional; y (3) la formulación de un conjunto de propuestas para, en conjunto con el Mineduc y otros grupos, reformar el actual estatuto........

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