La evidencia comparada hace aconsejable no involucrar a las FF. AA. en el control del orden público, salvo que se trate de muy específicas y serias amenazas a la seguridad interna, expone la siguiente columna para CIPER. A la luz del debate sobre delincuencia en las ciudades chilenas y la preocupación de los alcaldes sobre el tema, se indican a continuación resguardos básicos que tomar en consideración en asuntos tales como coordinación militar-policial, uso de la fuerza, control de identidad, arresto y custodia de civiles, y control interno y externo entre otras materias: «Indefiniciones en cualquiera de estos aspectos podrían no solo afectar los derechos humanos, sino que además debilitar a las propias policías en el cumplimiento de sus funciones.»

Las palabras del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, en torno a la participación de militares chilenos en labores de seguridad pública remeció la semana pasada el debate político. En reunión con la ministra del Interior, el edil dijo haberle solicitado al gobierno «la presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna, que tengan responsabilidad bien acotadas», debido a la falta de dotación policial y a la crisis de seguridad. Al día siguiente, su par en Providencia, Evelyn Matthei, describió la solicitud como «una falta de responsabilidad», mientras no se resuelvan asuntos sobre el uso de la fuerza («los militares están entrenados para la guerra, no para las ciudades […]. Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violación a los derechos humanos?», fueron parte de las declaraciones de la alcaldesa).

Además del hecho irónico de ver a un representante de izquierda promoviendo esta idea y a una de derecha llamando a la cordura, la participación de los Fuerzas Armadas en tareas internas ha cautivado las conversaciones en redes sociales, donde algunos la consideran como una solución casi mágica para resolver la inseguridad (cualquier otra opción se advierte como lejana, burocrática o de largo plazo). Se insiste en que hay una fuerza militar desaprovechada que podría ayudar a restaurar un orden público perdido.

Lo que sorprende de esta discusión es su extremo provincialismo; esto es, que no toma en cuenta décadas de debates y experiencias en otras latitudes. Tampoco se habla sobre la experiencia policial y militar respecto de los protocolos de uso de la fuerza con poblaciones civiles y en operaciones internacionales, ni se abordan múltiples preguntas que deben resolverse para sacar los militares a la calle. En complemento con columnas previas en este medio sobre los aspectos legales y constitucionales de esta medida [ver CIPER-OPINIÓN 03.02.2024 y 02.01.2024], aporto a continuación una mirada desde la historia reciente latinoamericana, los estudios especializados y la evidencia comparada.


EN LAS AMÉRICAS LOS MILITARES YA SALIERON A LA CALLE
El debate sobre la participación de los militares en seguridad pública emergió en el continente americano a comienzos del siglo XXI. Hace ya veinticuatro años la OEA debatió intensamente sobre el concepto de «seguridad multidimensional», que no era otra cosa que la inclusión de los militares en tareas de control del narcotráfico y crimen organizado internacional. En un informe publicado por la Junta........

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