En el periodo reciente se viene instalando en la opinión pública de las Islas y en los profesionales del sector la sensación de encontrarse inmersos en una profunda crisis del sistema sanitario canario. Estoy haciendo referencia a un elemento esencial del estado social que en Canarias cuenta con unos 35.000 trabajadores y trabajadoras, superando los 4.800 millones de euros en las cuentas públicas, casi el 40% del Presupuesto de la Comunidad Canaria para el año 2026, lo que supone un gasto per cápita ligeramente superior a la media estatal. Actualmente los resultados de nuestro sistema sanitario son insatisfactorios para amplios sectores de la población canaria, pese al enorme esfuerzo de sus profesionales que también vienen manifestando de forma reiterada su malestar por las condiciones en que llevan a cabo su trabajo.

Como he señalado en otras ocasiones, la sanidad es, sin duda, una de las grandes competencias del autogobierno. Por la enorme relevancia que tiene en la vida de todos y todas; y por ser fundamental para mantener la salud pública, prevenir enfermedades y gestionar problemas de salud crónicos y agudos. Por ello, precisa contar siempre con recursos suficientes, con la mejor planificación y organización, así como con una gestión profesionalizada, lo que en estos momentos no está ocurriendo, lastrando la calidad del trascendental servicio que ofrece.

Canarias dio un enorme salto con la asunción de las competencias sanitarias a mediados de los años noventa del pasado siglo, en calidad y en la carta de servicios prestados, superando una situación de graves carencias. Con infraestructuras claramente insuficientes. Con hospitales obsoletos. Con urgencias colapsadas. Con un grave estancamiento en atención primaria y con la salud........

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