Hay épocas en que el mundo parece entregado a una suerte de poliglosia furiosa, donde cada potencia alza su propia torre de Babel, no ya para alcanzar el cielo, sino para gritar desde lo alto su propio lenguaje de dominio. La cacofonía actual de las relaciones internacionales ha relegado al Derecho Internacional a la condición de notario solitario que levanta actas que nadie firma. Pero incluso en ese silencio que lo circunda, persiste: no como la voz tonante del poder, sino como el rumor obstinado de quien se sabe necesario, aunque apenas escuchado.

El Derecho Internacional no es —no debería ser— un simple inventario de conveniencias recíprocas, ni un catálogo de buenos modales entre príncipes. Es, en su aspiración más honda, un esfuerzo por domesticar el poder, por contenerlo dentro de formas que no dependan de la fuerza. Desde 1945, con la Carta de San Francisco, pretendió instaurar algo así como una gramática mínima de coexistencia: igualdad soberana, prohibición del uso de la fuerza, respeto a los derechos humanos, arreglo pacífico de controversias. Esa gramática, sin embargo, hoy parece arrinconada entre comunicados huecos y vetos cruzados.

Mientras tanto, el poder ha retornado con su antiguo rostro, sin máscaras. Trump lo proclamó sin ambages al rebautizar el Departamento de Defensa como «Departamento de Guerra» en sus mítines: no por cambiarle el nombre oficial, sino por restituirle sin pudor su designio primigenio, y así lo ha constatado actuando con su ley de la selva en Venezuela. Putin, por su parte, ha resucitado la lógica de las esferas de influencia, blandiendo la fuerza como si el Derecho fuese apenas un eco molesto. Y Xi Jinping, con la impasibilidad paciente de los imperios antiguos, parece empeñado en........

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