Por Matilde Valenzuela y Martín Morgado
Estudiantes de Cuarto Medio, integrantes de la comisión nacional de enseñanza media de las Juventudes Comunistas de Chile

Las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de amedrentamientos en contra de los estudiantes de nuestro país, nos hemos visto enfrentados al triunfo del relato de la derecha, que hace ver al estudiante movilizado como un enemigo de la ciudadanía y de la seguridad pública.

Este relato de ciertos sectores conservadores ha transformado al estudiante movilizado en una amenaza, afectando directamente su derecho a la educación y su libertad de expresión.

Un ejemplo claro de esta situación es el caso del alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes, quien recientemente amenazó tanto a los estudiantes como a la rectora del Internado Nacional Barros Arana. De igual manera, en el Liceo José Victorino Lastarria, los estudiantes han denunciado medidas represivas que consideran injustificadas y que, además, obstruyen su derecho a la educación.

Por si fuera poco, antes de ayer 13 de noviembre de 2024, la situación empeoró en la Cámara de Diputados durante la discusión del presupuesto 2025. En este marco, se rechazó la partida presupuestaria para los Servicios Locales de Educación (SLEP) y el Sistema de Admisión Escolar, además de aprobarse una prohibición de acceso a la gratuidad en la educación superior para estudiantes de tercero y cuarto medio sancionados bajo la Ley de Aula Segura.

Estas decisiones no solo afectan a los estudiantes, sino también a las familias trabajadoras, a quienes se les cierran las puertas de las oportunidades educativas.