Es un lugar común decir hoy que la democracia se encuentra en problemas porque no logra responder a las urgencias de las personas. Esta situación ha tenido por consecuencia una relativización a nivel global con respecto a su valoración y ha permitido el avance de proyectos autoritarios y de extrema derecha, que aseguran ser más eficaces.

En Chile este problema se viene arrastrando hace décadas. Se ha gastado mucha tinta retratando la impotencia ciudadana ante la incapacidad del sistema político de traducir en políticas concretas las demandas y urgencias sociales.

Hace pocos días se despachó una reforma al sistema político que buscaba, según sus promotores, mejorar la representación y combatir la fragmentación, uno de los supuestos peores males de nuestra democracia. ¿Soluciona esta reforma realmente los problemas que aquejan a nuestra democracia o más bien puede contribuir a profundizar la impotencia ciudadana al generar una expectativa que no se cumplirá?

De la democracia se han dicho muchas cosas para intentar definirla. Pero, sobre todo, hay dos que son determinantes: es un régimen político basado en la igualdad de sus ciudadanos y en el que las definiciones políticas se sostienen en una regla de mayorías, o, como se ha dicho en su forma moderna, que vehiculiza una voluntad popular.

Hay un problema, sin embargo, para el cual las sociedades contemporáneas no han encontrado solución y que afecta directamente al funcionamiento de la democracia: la concentración de la riqueza. El desmesurado poder y capacidad de influencia de los más ricos, de la oligarquía, termina transformándose en un dique de contención de la voluntad popular. Es el gran problema de nuestros tiempos.

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