Cuando escuchamos las declaraciones de Donald Trump, altisonantes y hablando como "dueño" del país y sus riquezas y por otro lado su secretario de Estado Marcos Rubio, tratando de hacer control de daños, debemos como patriotas expresar:

Nuestro firme rechazo a la pretensión del gobierno de Trump de apropiarse de recursos, bienes y activos de la República Bolivariana de Venezuela bajo el pretexto de un "resarcimiento" de deudas. Esta postura unilateral y de confrontación carece de legalidad, legitimidad y, fundamentalmente, de sustento constitucional en Venezuela y en la propia doctrina constitucional norteamericana, mucho menos está contemplado en el orden internacional vigente.

Desde 1824, con los seis decretos del Libertador, especialmente el decreto de 1829 sobre las Minas, la República ejerce la titularidad de los recursos del suelo y el subsuelo, pilar de la doctrina bolivariana sobre el dominio inmanente.

Desde la primera Ley de Hidrocarburos en Venezuela hasta el día de hoy, la República preserva la propiedad estatal del subsuelo. Las compañías extranjeras operaron, invirtieron y refinaron crudo bajo contratos y concesiones, pero nunca bajo una figura de cesión de soberanía sobre el recurso.

Esta doctrina del dominio bolivariano constituye la antítesis de la anacrónica Doctrina Monroe. Venezuela reafirma su derecho a la autodeterminación económica frente a cualquier intento de neocolonialismo, consolidándose como un nodo soberano en el equilibrio global necesario para siglo XXI.

Insistimos: el petróleo venezolano no constituye propiedad de los Estados Unidos, los procesos de nacionalización afectaron a empresas privadas, no a la administración de Washington; y las controversias legales derivadas fueron dirimidas en tribunales internacionales mediante indemnizaciones debidamente ejecutadas. Aquellas que no se hayan podido resarcir, deben ser reconocidas luego de una auditoria forense debidamente acordada entre las partes.

Cuando Venezuela nacionalizó la industria en 1975, el proceso fue -como pocas veces ocurre en el sector- estructurado y compensado. Exxon, Mobil y Shell cesaron sus operaciones en el país mediante acuerdos y pagos legales. No existió despojo patrimonial alguno. De hecho si CAP hubiese esperado unos años, incluso la indemnización pagada no habría sido necesaria pagarla, eso era lo que preveían los contratos firmados y aprobados por nuestras leyes para el momento.

La República Bolivariana de Venezuela no ostenta la condición de colonia ni de protectorado de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia. Es imperativo reconocer que el petróleo pertenece a los venezolanos como un patrimonio intergeneracional conquistado mediante nuestras gestas emancipadoras. Instamos al cese de toda injerencia sobre el petróleo y el territorio nacional. Nuestra independencia se consolidó hace dos siglos gracias al sacrificio de nuestros Libertadores.

El hecho que un gobierno se haya organizado para causar daños a su país -ya sabemos que lo de la droga fue el marco- no significa que de allí pretenda tomar todo como tuyo. NO somos Botín de guerra de nadie.

Así no se trata otro Estado y menos si quieres darle como dicen en sus discursos "seguridad jurídica a tus inversionistas" y convertirse en "socios exclusivos" coartando........

© Aporrea