En los primeros días del mes de septiembre de 2024, el gremio de los transportadores, camioneros, volqueteros y otros sectores que rechazaban el incremento del precio del diésel (Acpm) decretado por el gobierno, paralizaron casi todo el país durante cuatro (4) días con bloqueos de carreteras y protestas. Así, obligaron al gobierno a sentarse a revisar y modificar su decisión e iniciar un proceso de negociación para resolver los problemas que tiene ese sector productivo desde hace décadas.

En términos puntuales el gobierno echó para atrás el aumento del precio del diésel de $1.904 decretado el 31 de agosto pasado. Se acordó con los delegados de los diferentes sectores del transporte representados en la mesa de negociación, un aumento para el resto del año 2024 de $800, dividido en 2 cuotas. Un aumento inmediato de $400 y otro igual que se hará a partir del 1º de diciembre. Es decir, el gobierno concedió una rebaja de 58% con respecto al aumento decretado y aplazó la resolución del problema para el año entrante.

A pesar de la tensión política que se generó alrededor de este paro, estimulada por algunos sectores de la derecha extrema y por algunos medios de comunicación, y alimentada también, por algunas declaraciones del presidente Gustavo Petro que afirmaba que detrás de ese movimiento estaban los "uribistas", "golpistas" y "mafias", que pretendían darle un golpe de Estado, se puede afirmar que el gobierno salió bien librado de la primera protesta de carácter nacional que ha enfrentado, diferente a la de los maestros y docentes que propiamente no retaron al gobierno sino al Congreso.

Por un lado, tanto el gobierno como la sociedad colombiana, descubrieron la enorme diversidad y complejidad del sector transportador y de otros consumidores de diésel (productores de energía, agrarios, mineros, etc.). El gobierno logró identificar y darle voz a los pequeños y medianos empresarios del transporte y a los trabajadores........

© Aporrea