Cito de nuevo la genial frase de Ferdinand Lundberg según la cual la clase dominante en un Estado es la que no tiene que pagar impuestos. Hasta la Revolución Francesa, estaban exentos de ellos el clero y la nobleza. Esta desigualdad detonó una Revolución que acabó parcialmente con los privilegios y con parte de los privilegiados.

La situación actual vuelve a ser de injusticia insostenible o, para decirlo en otros términos, pre revolucionaria. Desde el siglo XVIII, un refrán y tres principios regulan la explosiva materia de los tributos. El proverbio postula que nadie escapa de la muerte ni de los impuestos. Los tres principios son: 1) El de progresividad, según el cual quien más ingresos obtiene, más impuestos paga. 2) El de territorialidad, según el cual los tributos se pagan en el país donde se obtienen las ganancias. 3) El de legalidad, conforme al cual los impuestos deben contar con el consentimiento de los contribuyentes (Taxation without representation is tiranny). Desde mediados del pasado siglo los tres han sido inconstitucionalmente derogados: los más ricos no pagan impuestos; los tributos no se cancelan al país donde se obtienen las ganancias, y tales abusos obviamente no expresan la voluntad del pueblo que con sus míseros ingresos debe pagar lo que los ricos no pagan.

Informemos al lector de estas drásticas transmutaciones. En la Alianza Atlántica –pero no sólo allí- los super ricos financian las campañas electorales de los congresistas, los cuales convierten en leyes las aspiraciones de sus minoritarios y generosos promotores. Así, en Estados Unidos en 1960 la tasa máxima de impuestos para las grandes fortunas era de 91%; pero para 2023, según Americans for Tax Fairness, en ningún caso excede del 37%. Las tasas que en promedio se aplican son todavía más bajas: la usualmente aplicada a las........

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