La soberanía no consiste únicamente en tener una bandera, un Gobierno y unas instituciones. La soberanía significa también poder decidir qué se hace con las riquezas nacionales. Quién explota el petróleo. Quién lo vende. A quién se vende. En qué condiciones. Y quién controla el dinero que genera.

Si esas decisiones pasan a estar condicionadas por una potencia extranjera, estamos ante una pérdida real de soberanía económica, aunque formalmente siga existiendo un Gobierno venezolano —hoy encabezado por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió el poder tras la captura de Maduro y que, apenas un mes después, impulsó la reforma de la ley de hidrocarburos que abrió el sector petrolero a la inversión extranjera, rompiendo el control exclusivo de PDVSA—.

La legalidad violada mientras dure el secuestro

Quiero decirlo sin ninguna ambigüedad: mientras Nicolás Maduro permanezca secuestrado, la legalidad está siendo violada de forma continuada. No se trata de un hecho puntual, ya consumado y cerrado el 3 de enero de 2026. Es una violación que se prolonga cada día que Maduro sigue privado de su libertad y apartado por medios militares extranjeros del cargo para el que fue elegido.

Por eso sostengo que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente legítimo de Venezuela mientras no sea liberado de ese secuestro y mientras no pueda presentarse, en libertad y sin tutela extranjera, a unas elecciones limpias. Un gobierno designado tras un secuestro militar, bajo la supervisión y el condicionamiento explícito de Washington —como reconoce el propio Trump al negarse a fijar fecha electoral y decidir con quién habla y con quién no dentro de Venezuela—, no puede reclamar legitimidad democrática por mucho que se revista de institucionalidad formal. La legitimidad no nace de un avión militar ni de un acuerdo petrolero firmado bajo tutela ajena: nace de la voluntad popular expresada libremente, sin ocupación, sin secuestro y sin injerencia extranjera decidiendo quién........

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