Son las propias familias de las víctimas de desaparición quienes se apoyan entre sí para conocer los hallazgos realizados en distintos puntos del país, ante la falta de comunicación con las autoridades estatales y federales. Un ejemplo de ello es Jalisco, donde en marzo de 2025 fue localizado el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, identificado como un punto de exterminio y reclutamiento que, advirtió, no debe ser el único.

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Así lo señaló Bibiana Mendoza Negrete, buscadora y vocera del colectivo Hasta Encontrarte, quien explicó que, aunque se realizó una mesa de trabajo en la que se les proporcionó información sobre dicha finca, la realidad y la verdad de lo ocurrido las conocieron a través de las madres buscadoras de esa entidad.

“Teuchitlán fue algo que se hizo visible, pero en el país existen cientos de lugares de este tipo, donde se presume que fueron sitios de exterminio: en Veracruz, más al norte, en varios estados, en Michoacán, e incluso aquí en Guanajuato. Aunque no sean reconocidos oficialmente, existen muchos lugares así”, afirmó.

Luego de que trascendiera que entre los hallazgos en el Rancho Izaguirre se encontraron prendas de vestir de jóvenes que presuntamente fueron llevados con falsas ofertas de empleo, lo que evidenciaría prácticas de reclutamiento forzado, Mendoza Negrete enfatizó que este fenómeno no ocurre únicamente a través de redes sociales.

Indicó que el reclutamiento no es lineal, sino que se realiza mediante diversas modalidades. Al colectivo, dijo, han llegado casos en los que jóvenes fueron privados de la libertad mientras realizaban actividades deportivas en comunidades rurales, o bien, fueron liberados bajo amenazas y la consigna de continuar trabajando para el crimen organizado.

“Tenemos casos documentados en carpetas de investigación donde adolescentes que estaban jugando futbol en comunidades rurales fueron sustraídos de la calle y privados de la libertad. En otros casos, iban a levantar a una persona, no la encontraron y se llevaron a quien vieron en la calle; después lo dejaron en aparente libertad, bajo amenazas, obligándolo a trabajar para un grupo del crimen organizado. Hay muchas maneras en las que están reclutando a los jóvenes, incluso a través de la adicción a sustancias ilícitas”, expuso.

La defensora de Derechos Humanos añadió que, tras los hallazgos de fosas o sitios de exterminio, no existe comunicación con el Gobierno Federal, salvo por la instalación de mesas de trabajo relacionadas con reformas a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en las que, aseguró, tampoco han sido escuchadas.

“Cuando ocurren estos hallazgos de mega fosas en el país, la información generalmente nos llega por otros colectivos o por comisiones de búsqueda locales”, señaló.

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