Este fin de semana trabajadores gubernamentales en Nayarit iniciaron una caminata de tres días en reclamo de adeudos salariales y para evidenciar lo que califican como “criminalización de sus protestas”.

La movilización forma parte de un conflicto en el que los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM) acusan un desalojo violento de un plantón pacífico en la madrugada por elementos policiacos y la posterior imputación de delitos graves a cinco manifestantes.

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De acuerdo con información difundida por el sindicato, desde el sábado, más de 500 trabajadores salieron de la plaza principal de Tuxpan, Nayarit, por la carretera internacional, con la intención de llegar a la capital de la entidad el lunes 26 de enero, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y al Palacio de Gobierno.

Los trabajadores denuncian incumplimiento sistemático en el pago de prestaciones laborales como aguinaldo, primas y fondo de ahorro por parte del ayuntamiento de Tuxpan y del gobierno de Nayarit.

El sindicato protesta también contra lo que califica como una campaña de “criminalización de la protesta social”, derivada de procesos judiciales contra algunos de sus agremiados y advertencias públicas por parte de la fiscalía.

Los trabajadores señalan que la caminata evidencia un fracaso institucional debido a que el gobierno ha ignorado sus derechos.

El líder sindical Óscar Cedano consideró como grave el conflicto y advirtió que se han agotado las vías institucionales.

El conflicto laboral ha escalado al judicial. El sindicato acusa una estrategia gubernamental de desgaste y represión, principalmente por un proceso judicial contra cinco de sus miembros: María del Consuelo Llanos Esquivel, Luz Adriana Rodríguez Rodríguez, Héctor Manuel Rojas Peña, Fredy Martín Luna Pérez, y Ubaldo Ayax Fabian Guzmán.

Los delitos de los que se les acusa son ataques a las vías de comunicación, coalición de servidores públicos y apología del delito, luego de participar en una manifestación el 16 de octubre de 2025.

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Entre las medidas impuestas a los trabajadores están la suspensión del 60 % de su salario, el pago de una fianza de 7 mil pesos, la obligación de firmar en el juzgado cada........

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