Hace más de 17 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano crear en Chihuahua una base de datos de feminicidios, en su sentencia por el caso conocido como Campo Algodonero, mandato que podría convertirse en la primera gran prueba de fuego para la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos, tras su llegada a la Fiscalía General de la República (FGR).

Al crear el registro de feminicidios, la fiscal no solo estaría cumpliendo una obligación de carácter internacional, sino que podría tener el potencial de establecer un estándar para atender la violencia de género y feminicida en todo México, según especialistas.

La omisión de crear este registro de feminicidios por parte del Estado también forma parte de la lista de omisiones graves que cometió el exfiscal Alejandro Gertz Manero durante los más de seis años que estuvo al frente de la FGR, en los que no solo no presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, sino que además abandonó totalmente bases de datos clave para combatir la crisis forense que vive México.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que propuso a tres mujeres para encabezar la FGR, asegurando que “es tiempo de mujeres”, la fiscal Godoy podría demostrar que la llegada de un perfil como el suyo a un puesto de poder se puede traducir en acciones concretas y efectivas en favor de otras mujeres, según especialistas.

El Caso González y otras contra México, mejor conocido como Campo Algodonero, tiene que ver con la desaparición y asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2001. Una ciudad fronteriza que ha sido fuertemente golpeada por el crimen organizado y que, además, ha presentado un aumento crítico de feminicidios desde 1993.

Se trató de Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años, que desapareció el 22 de septiembre de 2001; Claudia Ivette González, trabajadora de 20 años que laboraba en una empresa maquiladora y que desapareció el 10 de octubre de 2001; así como Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años, que desapareció el lunes 29 de octubre de 2001.

Lee: A 12 años de la sentencia “Campo Algodonero”, ¿cómo va México?

Al no saber nada de las jóvenes, sus familiares presentaron diversas denuncias por sus desapariciones. Sin embargo, las autoridades solo se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones.

Días después, el 6 de noviembre de 2001, se encontraron los cuerpos de las tres con signos de abuso sexual. A pesar de los recursos interpuestos, no se investigó ni sancionó a los responsables.

El 6 de marzo de 2002, se presentó una petición inicial del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que presentó un informe donde manifestó que los cuerpos de las jóvenes fueron objeto de ensañamiento por los perpetradores de los homicidios.

En su informe, la CIDH añadió que “la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”, por lo que realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano para que diera justicia a las víctimas y sus familias.

Lee más: La travesía de Norma Andrade: un feminicidio sin una sola orden de aprehensión

Así, en un primer informe, las autoridades mexicanas reportaron el cumplimiento parcial de las recomendaciones, argumentando que para cumplirlas en su totalidad era necesario que la CIDH aumentara el plazo concedido para dar resultados.

La CIDH le concedió dos meses más, pero debido a que durante este periodo las autoridades no presentaron grandes avances, el 4 de noviembre de 2004 presentó una demanda en contra del Estado mexicano ante la CoIDH por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda.

Karla Micheel Salas Ramírez, abogada del caso Campo Algodonero, recuerda que durante el litigio ante la CoIDH el Estado mexicano se intentó justificar por la omisión bajo el argumento de que “se habían asesinado a más mujeres en otras partes del mundo” y que en México las muertes eran producto de la cultura machista, algo de lo que las autoridades aseguraban no podían hacerse responsables.

“Pero la Corte Interamericana le dio un giro al asunto y les dijo: ‘no, claro que eres responsable. Eres responsable, en general, de las acciones que modifiquen los procesos culturales. También eres responsable porque no puedes establecer con toda claridad las cifras —tema que en algún momento Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora mexicana, llamó danza de las cifras— cuando por un lado las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación han reportado históricamente un número específico de mujeres asesinadas y, por otro lado, el Estado mexicano da otros datos, que evidentemente siempre son menores’”, señala.

Fue así como, tras analizar el caso, el 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las tres jóvenes, sentando un importante precedente contra el feminicidio y la violencia de género por la violación de diversos derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los derechos del niño, a la vida, a la integridad personal y a la honra y dignidad de las víctimas y sus familias.

Fue así que, como parte de su sentencia, la CoIDH ordenó al Estado mexicano implementar diversas medidas estructurales para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia feminicida.

Entre estas medidas estaba la obligación de crear o actualizar bases de datos funcionales, accesibles, completas, centralizadas y actualizadas que incluyera la información “genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua”.

También crear una base de datos con información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y otra con datos genéticos y muestras celulares de sus familiares, con el objetivo de investigar sus desapariciones, órdenes que fueron incumplidas por las autoridades.

Lee: Violencia letal crece en México y se concentra en cinco puntos rojos, señala informe

“Estas herramientas iban a permitir a las autoridades identificar patrones y modus operandi para saber, por ejemplo, dónde, cuándo, cómo se están llevando a las niñas, adolescentes y mujeres del país […] y georreferenciar, es decir, detectar zonas de riesgo para vincular los casos relacionados de feminicidios y desapariciones, fortalecer los sistemas de prevención y tener una alerta temprana”, explica Alejandra Cartagena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de........

© Animal Político