El periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-consulta, enfrenta una imputación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). El proceso judicial se abrió y reactivó después de que publicara reportajes y columnas sobre los gobiernos de Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Armenta Mier, así como sobre la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El caso adquiere una mayor dimensión por un posible conflicto de interés: la dependencia que reactivó la investigación penal en su contra es la misma cuyas presuntas redes de extorsión y corrupción él mismo documentó hace unas semanas. Se trata de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, conocida como ORPI, perteneciente a la fiscalía de Puebla, y es la autoridad que lleva el expediente contra Ruiz.

Este motivo, sumado a una serie de irregularidades procesales graves, lo ha llevado a denunciar “acoso judicial” cometido en su contra con el objetivo de silenciar a su medio. En agosto de 2025, la organización internacional Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica, publicó el informe Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México, en el que documentó 51 casos contra periodistas en el primer semestre del 2025.

De acuerdo con el periodista, el caso se originó en enero de 2020, durante la administración del ahora fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta, de Morena, cuando la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita inició la primera carpeta de investigación en su contra.

En los expedientes judiciales del caso se indica que la denuncia fue presentada por “la sociedad” y por un abogado de nombre Jorge Madariaga Granados, quien es hermano de Florencio Madariaga Granados, colaborador del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, de Morena. Florencio también fue señalado en el pasado por la presunta participación en el delito de extorsión.

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De acuerdo con el periodista, Florencio estuvo en Puebla con Los Chiapanecos —personas que supuestamente habían trabajado en el gobierno de Chiapas y que llegaron a Puebla a ocupar puestos dentro de la seguridad pública estatal, como la policía, la secretaría y subsecretaría de seguridad, así como los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Puebla.

“Aquí dominaban Los Chiapanecos, que fueron una calamidad, corruptos, extorsionadores, y eso lo dijo Barbosa. Y el abogado que venía con todos ellos era Florencio Madariaga Granados, y el que me demanda es su hermano, Jorge Madariaga Granados. De hecho, están en el mismo despacho”, dijo Rodolfo Ruiz en entrevista con Animal Político.

La investigación en su contra se mantuvo inactiva durante cinco años, hasta que la fiscalía de Puebla reactivó el proceso judicial en medio de una serie de supuestas inconsistencias e irregularidades.

Según el periodista, la reactivación se dio a finales de este año, inmediatamente después de que e-consulta publicó diversas notas que generaron malestar en el gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier.

La primera publicación incómoda, titulada Nódica, el vigilante del ciberactivismo oficial, trató sobre la exposición del uso de una aplicación que, de acuerdo con la investigación, obligaba a servidores públicos de Puebla a publicar en sus redes sociales mensajes de alabanza al gobernador y su administración.

Mientras que la segunda y tercera publicación incómodas fueron exhibidas en su columna de opinión titulada La corte de los milagros, en la que el periodista documentó una supuesta red de corrupción y casos de extorsión a empresarios en dos fiscalías clave de la entidad, incluyendo a la propia Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

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El punto más álgido del caso radica en el hecho de que la ORPI, la fiscalía señalada por la investigación del periodista es hoy la responsable de investigarlo, evidenciando un posible conflicto de interés que pone en duda la imparcialidad y objetividad del proceso penal.

“Fue tan contundente la investigación que publicamos sobre la corrupción y la extorsión, que se fueron dos fiscales y varios coordinadores y funcionarios de estas dos fiscalías. No solamente se fueron, sino que el juez ordenó que se les investigara y que se diera parte a la Fiscalía General de la República”, recuerda Rodolfo Ruiz.

En cuanto al fondo del asunto, explica que la fiscalía lo acusa con base en tres suposiciones: que pagó a su abogado la suma de 4 millones de pesos, que dicho monto fue entregado en efectivo y que dicho dinero procede de recursos ilícitos.

Sin embargo, Ruiz refuta categóricamente la acusación, asegurando que el pago a su abogado, Raúl Hernández Argüelles, fue de 320 mil pesos mediante transferencias bancarias a la empresa Consultoría Contracorriente, y afirma que existen recibos y facturas que acreditan dichos movimientos.

El pasado jueves 11 de diciembre de 2025 la fiscalía de Puebla por fin entregó a la defensa de Rodolfo Ruiz una copia de los siete tomos de la carpeta de investigación abierta en su contra, aunque estaban incompletos, según aseguraron sus abogados.

El lunes 15 de diciembre de 2025, el juez de control Joel Daniel Baltazar Ávalos, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Puebla, citó a las partes a audiencia inicial. En esta, el equipo legal del periodista argumentó que no habían podido revisar la carpeta de investigación debido a la premura de la cita, tiempo en el que solo habían podido “sacar copias y cotejar las hojas de cinco de los siete tomos”.

De acuerdo con el directivo, entre las primeras inconsistencias e irregularidades cometidas en el proceso está el hecho de que el juez local formuló imputación en su contra a pesar de que ni él ni sus abogados tuvieron conocimiento completo de los siete tomos de la carpeta de investigación, un hecho que calificó como “inédito” y que, de hecho, fue la razón por la cual sus abogados originales renunciaron a su defensa.

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Incluso, a pesar de que la nueva defensa desconocía el contenido del expediente, integrado por siete tomos y cinco discos, Rodolfo Ruiz señaló que fue citado nuevamente a audiencia para el 23 de diciembre, un día antes de Navidad.

El periodista denunció que la persecución judicial se ha llevado a cabo con serias violaciones al debido........

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