El caso Mazón solo es político

La Sala Penal y Civil del TSJ valenciano rechaza, por unanimidad, investigar a Mazón y cree que la juez de Catarroja presentó contra él argumentos «huérfanos de la acreditación indiciaria»

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) hizo público ayer un auto que desmonta los supuestos indicios que la juez de instrucción de Catarroja tenía contra el expresidente valenciano, Carlos Mazón, por los 237 fallecidos en las inundaciones de octubre de 2024. Fue ABC el primer diario que, desde estas páginas, reclamó la responsabilidad política de Mazón y su dimisión, por su ausencia en el centro de emergencias y por las contradicciones insuperables de sus versiones. Se trataba de que asumiera su condición de responsable político, sin necesidad de imputaciones penales, por su indefendible gestión en la crisis. Paralelamente, este periódico reclamó respeto para la independencia de la juez de instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz, quien excluyó desde el primer momento cualquier atisbo de implicación de otras administraciones y cargos estatales en la falta de control sobre el barranco del Poyo. A pesar de este planteamiento de la juez, ABC siguió defendiendo su independencia, como lo hacía con aquellos otros jueces sectariamente señalados por la izquierda.

Ahora, no es una crítica periodística la que cuestiona la instrucción del caso, sino un auto acordado por unanimidad de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano, quienes rechazan su competencia para investigar a Mazón. El auto afirma que la juez de Catarroja basó su petición contra Mazón en conjeturas y en argumentos «huérfanos de la acreditación indiciaria» exigible para abrir una causa contra el expresidente valenciano. La Sala recuerda que los reproches morales o políticos son irrelevantes en un proceso penal. Que los magistrados hayan tenido que esgrimir esta obviedad del proceso penal muestra claramente el nivel de fijación que la juez de Catarroja tenía con Mazón. Además, en cuanto al papel concreto de este, la Sala concluye que, desde el punto de vista penal, ninguna las competencias de Mazón lo colocaban «en posición de garante» de las decisiones que se tomaran en el centro de emergencias.

La juez Ruiz ha perdido el tiempo en muchos meses de instrucción y muchas energías de su juzgado, de la Fiscalía, de las víctimas y de sus abogados para nada, y ha propiciado polémicas en las que participaba con acusaciones más propias de un fiscal que de una autoridad judicial; y con exculpaciones anticipadas, más propias de un abogado defensor que de un investigador imparcial.

La cuestión ahora es cómo puede afectar esta decisión del TSJCV al desarrollo de la investigación, la cual sigue viva, pero despojada de la que había sido la principal finalidad de la instructora: imputar a Mazón. No parece que la juez Ruiz vaya a abrir el foco de su investigación para analizar sin prejuicios exculpatorios el confuso papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar en los avisos sobre la situación del barranco del Poyo. La Fiscalía y los abogados, tanto acusadores como defensores, tendrán mucho que decir. La justicia y la reparación que merecen las víctimas no eran excusa para una instrucción tan predeterminada contra una persona finalmente ajena a la culpa penal, pero no a la responsabilidad política.

© ABC