Hay algo en común entre la entrada de la SEPI en Telefónica y el desembarco de Mariano Bacigalupo en la CNMV: la ansiedad del Gobierno por controlar los centros de poder. En ambos casos, la jugada se ha realizado rozando los límites de la legalidad, bajo la premisa del todo -o casi todo- vale.

Uno y otro movimiento están en el foco de la actualidad por distintos motivos. El primero y más importante es el desembarco de la SEPI en Telefónica. El pasado 25 de marzo, la SEPI comunicó que ya posee un 3% de la compañía, valorado en unos 700 millones de euros.

Las intenciones del Gobierno ya eran conocidas (alcanzar el 10% del capital). Lo que se desconocía, sin embargo, es la manera en que Moncloa ejecutaría una operación de semejante envergadura, sin contar con unos Presupuestos Generales del Estado. Financiar una compra valorada en más de 2.000 millones exige, en teoría, desbloquear una partida presupuestaria 'ad hoc'.

El Ejecutivo, lejos de aportar luz, ha actuado con nocturnidad, acaparando acciones de Telefónica a través de la SEPI. Algunos brokers lo veían venir, a la vista de los movimientos........

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