¿De qué? Sin duda, que de muchas cosas. Para empezar, de la injusticia. Quizá me influya en esta prioridad el rechazo que siempre he sentido por ella y la convicción, acentuada a lo largo de los años, de que en la injusticia reside el origen de la mayoría de los males. El error, y me refiero al inconsciente, es un traspié; la injusticia, algo bien distinto.

Esta inicial reflexión viene a cuento de la filtración, con profusión de detalles, de las comunicaciones mantenidas entre el fiscal y el abogado defensor de un ciudadano llamado Alberto González a quien se acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública y en el que concurre la circunstancia de ser el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La verdad es que un suceso como este, de entrada, podría tomarse a título de broma siniestra y conformarnos con pensar que ¡aviados van los abogados españoles! Pero si se considera en serio, entonces el asunto es muy grave porque demuestra, para desgracia y vergüenza, propia y ajena, por qué nuestro país, también en materia de derechos fundamentales es diferente, pese a los buenos y vanos esfuerzos de jueces, abogados y fiscales para que deje de serlo alguna vez.

¿Quién hizo tal faena? ¿Quién pudo ser el responsable de esa acción ilegal? De momento, se ignora. Lo que, en cambio, sí se sabe es que las primeras sospechas recaen sobre el fiscal general del Estado. Según indicios racionales, él fue el que ordenó a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid publicar el comunicado de marras; mandato que, al........

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