Resulta insólito que los jueces administrativos de Bucaramanga se tomaran más de 9 años (desde el 03 de abril de 2014) para obligar a los alcaldes del Área Metropolitana a cumplir las sentencias emitidas en una “Acción Popular”, dentro de las que se protegieron los derechos e intereses colectivos (libre competencia económica, acceso a servicios públicos, derechos de los consumidores y usuarios) con ocasión de la omisión de las autoridades en adoptar un plan de acción permanente, eficiente y eficaz que acabara con el “Mototaxismo” y el crecimiento del transporte informal.

Pero, más absurdo aún, es que solo por el........

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