La inteligencia artificial ya se utiliza en hospitales para priorizar pacientes, apoyar diagnósticos o recomendar tratamientos. Estas herramientas prometen mayor eficiencia y rapidez e, incluso, pueden ayudar a reducir listas de espera.

Sin embargo, junto a estas ventajas surgen preguntas que no son solo técnicas, sino también jurídicas: ¿qué ocurre si un algoritmo ignora las preferencias del paciente? ¿Quién responde cuando una decisión automatizada afecta a derechos fundamentales?

La inteligencia artificial ya está transformando la medicina. Ahora toca preguntarse cómo garantizar que esa transformación respete los derechos de pacientes y profesionales.

Cuando el algoritmo no ve a la persona

La práctica sanitaria nunca ha sido completamente neutral. Las decisiones médicas están atravesadas por valores, creencias y preferencias personales.

Un paciente puede rechazar una transfusión de sangre, solicitar una dieta específica por motivos religiosos o expresar preferencias sobre el final de la vida. Estas decisiones forman parte del ejercicio de la autonomía personal y del derecho a la salud. Sin embargo, muchos sistemas de inteligencia artificial no están diseñados para tener en cuenta esas dimensiones. Funcionan a partir de grandes volúmenes de datos y patrones estadísticos, pero no siempre incorporan variables relacionadas con las convicciones personales o culturales.

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