Siempre he subrayado en mis artículos, libros y clases la importancia fundamental que tienen las empresas para crear riqueza y bienestar. En ellas se producen los bienes y servicios que necesitamos para vivir, de modo que su buen funcionamiento es condición imprescindible para el progreso económico y social. Algo que sólo es posible si disponen de una buena organización interna, gobernanza adecuada y un medio ambiente socioeconómico e institucional que favorezca su actividad. Y, desgraciadamente, también he tenido que señalar en muchas ocasiones que el empresariado español ha demostrado con demasiada frecuencia ser uno de los principales obstáculos para mejorar el funcionamiento de sus propias empresas.

Ahora, acabamos de ver otra muestra de su mal gobierno y representación. Las patronales CEOE y Cepyme acaban de emitir un comunicado rechazando participar en la mesa convocada por el gobierno para avanzar en la elaboración de una futura ley de democracia en las empresas que regule la participación de los trabajadores en ellas.

A pesar de contener sólo unas pocas líneas, el comunicado acumula errores jurídicos, afirmaciones empíricamente falsas y descalificaciones retóricas impropias de organizaciones que pretenden representar al empresariado.

La participación de los trabajadores es un mandato constitucional

Uno de los argumentos principales del comunicado empresarial consiste en afirmar que la participación de los trabajadores en el gobierno de la empresa vulneraría principios constitucionales como la libertad de empresa o el derecho a la propiedad privada. Una interpretación de la patronal muy discutible.

Aunque es cierto que la Constitución española reconoce efectivamente el derecho a la propiedad privada (art. 33) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38), sujeta ambos derechos a límites derivados del interés general y de la función social de la propiedad. Y no sólo eso, contiene además un mandato explícito en el artículo 129.2 que la patronal española olvida mencionar: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa.”

La participación de los trabajadores en la empresa que el gobierno de Pedro Sánchez se propone favorecer no sólo es jurídicamente posible, sino que constituye un objetivo que el legislador está llamado -por la propia Constitución- a promover.

La patronal desenfoca por completo el asunto: lo que hay que plantear no es si la participación de los trabajadores en las empresas es compatible con la Constitución —lo es— sino qué formas concretas puede adoptar y con qué alcance.

Al negarse siquiera a discutir una propuesta que desarrolla un mandato constitucional explícito, la patronal se sitúa voluntariamente al margen de la Constitución.

Argumentos falsos de la patronal

Un segundo argumento del comunicado empresarial se basa en presentar la democratización de la empresa como un modelo asociado a «un modelo........

© Tercera Información